La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años a los patrulleros de la Policía Juan Camilo Lloreda y Harby Damián Rodríguez.
La medida disciplinaria cobija a la presidenta del Concejo Municipal, Lucía Leonor Paredes Castro, y a los concejales Enoc Javier Clavijo Vargas y Arles Navarro García.
De acuerdo con el ente de control disciplinario la investigada tomó posesión estando inhabilitada ya que para la fecha de los hechos su hijo era concejal de dicho municipio.
Los cuestionamientos del procurador Carrillo al gobierno del presidente Iván Duque se hicieron a través de una carta enviada al presidente con 18 preguntas, a través de las cuales Carrillo pretende conocer las razones para desembolsar 370 millones de dólares a la empresa de aviación.
La barranquillera llegará al Ministerio Público en reemplazo de Fernando Carrillo, quien dejará su cargo en enero de 2021.
El Ministerio Público considera que la Corte Suprema perdió competencia en el caso del exsenador.
La funcionaria será una de las candidatas a la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo a la Gobernación del Cesar, “los 26.686 millones que reporta el Ministerio Público de deuda del gobierno departamental al HRPL no corresponden a la facturación radicada para el cobro, arrojando un monto cierto de $3.322 millones, de los cuales ya se hizo un reconocimiento por $3.000 millones de pesos”.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación señaló que es un imperativo para todas las ramas del poder público acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, Kaleb Villalobos Brochel, por presunta demora en un trámite administrativo.
Según el ente de control, la administración de Pueblo Bello, a cargo de Danilo Duque Barón, realizó un contrato con la Asociación de Productores Agroecológicos de la Sierra Nevada de Santa Martha, por valor de $93,5 millones de pesos.
El Ministerio Público advirtió presunta vulneración del ordenamiento jurídico por parte de la mesa directiva del Concejo del municipio, y agregó que ya existía un proceso de selección que contaba con una lista de elegibles en firme.
Sobre esta determinación, según el documento, no procede ningún recurso para apelar.
Con esa decisión, quedaron sin efectos las sanciones interpuestas por la Procuraduría a los 16 exconcejales y a Omar Contreras, suspendidos e inhabilitados por 12 años para ejercer cargo público.
La emergencia sanitaria por el coronavirus hizo que las administraciones gubernamentales adelantaran contrataciones para enfrentar la problemática social que traería el confinamiento nacional, no obstante, eso produjo que los entes de controles aumentaran sus alertas para evitar que la crisis fuera motivo de detrimento patrimonial.
Las funcionarias fueron suspendidas provisionalmente durante tres meses de su cargo.
El exconcejal aseguró que la decisión la tomó pensando en su futuro como servidor público, porque la intención es regresar a la arena política.
Los exconcejales fueron citados a una audiencia de conciliación con la Procuraduría General. Sin embargo, los primeros citados no aceptaron las propuestas del ente de control e irían a una disputa judicial buscando una reparación. Sumando las peticiones, la demanda podría sumar los $10.000 millones.
El alcalde de Chiriguaná, Iván Caamaño, emitió un comunicado en el que defiende su gestión y explica las razones de las investigaciones.
La Procuraduría instó al mandatario regional a pedirle a los contratistas los soportes sobre la inversión de los más de $14.000 millones de pesos, en los que se discriminen los gastos en la adquisición de los mercados e insumos y los costos logísticos y de transporte.
La contratación de las ayudas humanitarias entregadas por la Gobernación del Cesar está bajo la lupa de las entidades de control por presuntos sobrecostos. Este lunes el gobernador del Cesar salió a responder a las acusaciones y calificó de “corruptos” a quienes hicieron la denuncia.
En una rueda de prensa virtual, el gobernador del Cesar habló sobre polémica desatada dentro de las entregas de mercados en el departamento.
El procurador Fernando Carrillo señaló que el caso de la gobernación del Cesar es “bastante complejo”. Dos diputados también son investigados.
Un grupo de presidentes de Juntas de Acción Comunal y concejales de Aguachica aseguraron que las ayudas del estado solo las dan a “amigos o personas que estuvieron en la campaña del alcalde”. Por su parte, el mandatario Robinson Manosalva enfatizó que la entrega de mercados se hace con total transparencia. Este enfrentamiento viene de meses atrás.
