A través de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación señaló que es un imperativo para todas las ramas del poder público acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
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“Ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho”, señala el comunicado.
