Según un abogado administrativo, la inhabilidad está relacionada con su cargo como alcalde, por lo cual no afecta su investidura como senador de la República. “Para que la sanción no sea ilusoria se le convierte en una multa”, señaló la fuente.
“Estos actos justificaban que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar ante estas maniobras sistemáticas decidiera que todos los ocho candidatos pudieran ser designados a rector”, Nerio Alvis.
El ente de control solicitó la hoja de vida de Jhon Valle Cuello, director de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar, Corpocesar.
En días pasados, a través de la Sentencia SU-556/19, la Corte Constitucional había decidido dejar sin efectos la sentencia del 19 de julio de 2019 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad de la elección de Omar Contreras como contralor municipal de Valledupar
Los corporados fueron citados a cuatro sesiones extras para autorizar el uso de vigencias futuras que permitan contratar el Programa de Alimentación Escolar y Transporte en Valledupar para el año 2020. La directriz fue dada por la Procuraduría.
Será la Registraduría Nacional la encargada de certificar quiénes son los candidatos que entrarían para terminar las sesiones programadas en el cuatrienio.
La Alcaldía Municipal se pronunció y aseguró que “es una oportunidad” para hacer claridades al respecto.
Superada la recusación, en un transcurso de ocho días el ente procederá a notificar a los concejales para hacer efectiva la sanción del fallo de segunda instancia donde los destituye e inhabilita por 12 años.
La solicitud fue realizada durante la audiencia que se realiza en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.
El Código Penal contempla 16 delitos electorales, relacionados con la financiación, constreñimiento y corrupción al sufragante. En el Cesar hay varios lideres políticos investigados por comportamientos contrarios a la ley en época de campaña.
Todo indica que los concejales de Valledupar serían absueltos de la sanción disciplinaria en los próximos días. En un caso similar, la Procuraduría ordenó archivar la investigación que se abrió en contra de los cabildantes en la ciudad de Cali, departamento del Valle.
La Procuraduría advirtió que en el pliego de condiciones adoptado por Cerchiaro de La Rosa se incluyeron presuntamente criterios de calificación no objetivos, y una condición que pudo haber restringido la libre concurrencia de oferentes.
El órgano de control formuló cargos al exgobernador del Cesar y exalcalde de Valledupar por presuntas irregularidades contractuales.
El Alcalde de Codazzi, Cesar, se reintegró a su cargo luego de estar suspendido por seis meses por el Ministerio Público.
La Procuraduría Regional Cesar destituyó del cargo e inhabilitó por 18 años al docente Hernán De Jesús Vargas Romero.
A mediados de septiembre, un grupo de funcionarios de la Procuraduría visitará tres municipios del Cesar para atender directamente quejas y denuncias de participación política indebida de funcionarios públicos en las campañas electorales.
En este caso, los aspirantes fueron inhabilitados por causas como haber sido condenados por sentencia judicial, haber ejercido como secretarios de entidades públicas un año anterior a las elecciones o ya sea porque celebraron contratos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.
Luchito Peñaloza inhabilitado
El mandatario se encuentra suspendido del cargo desde marzo pasado por otra sanción de la Procuraduría relacionada con un mandamiento de pago.
La sanción fue por irregularidades en la suscripción de un convenio por $365 millones de pesos.
El representante del Ministerio Público fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría Provincial de Valledupar, medida que fue confirmada por la Procuraduría Regional de Guainía.
Eduardo Andrés Merchán Prieto, capitán de la Policía, es investigado por presuntamente abusar de una teniente de la institución el 23 de noviembre del 2018, en el Comando de Policía del Cesar.
La exgobernadora de La Guajira es llamada otra vez a juicio disciplinario por contrato de $20.000 millones para la implementación de estrategias de aprovechamiento de las Tic en el departamento.
La decisión se tomó por hechos ocurridos el 20 de julio de este año en la instalación del Congreso.
