Desde que a finales del mes de marzo la Presidencia de la República declaró la emergencia sanitaria en el territorio nacional, las autoridades gubernamentales tuvieron que optar por medidas para mitigar el impacto social, sin embargo, en el proceso las administraciones se han visto cuestionadas por los entes de control por presuntas irregularidades en la contratación.
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Entre las que se encuentra la Gobernación del Cesar y las alcaldías de Chimichagua, Curumaní y Chiriguaná, las cuales tienen contratos en etapa de indagación preliminar por aparentes anomalías a la hora de obtener y entregar mercados de ayudas humanitarias a la población, entre otros aspectos.
