Una pregunta formulada por un periodista de Valledupar marcó la rueda de prensa del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, realizada en la capital del Cesar. El interrogante, planteado por Óscar Arzuaga, de la emisora Radio Guatapurí —“¿Va a gobernar usted con las FARC o con grupos al margen de la ley?”— […]
“Los factores que históricamente han afectado el libre ejercicio periodístico son el económico, político y la intimidación de las mafias de poder, fenómenos muy presentes en regiones como Valledupar y el departamento del Cesar”, según Oscar Martínez.
Los autores han analizado las leyes que facilitan el acoso judicial y los patrones de comportamiento del Estado frente a esta forma de agresión a la prensa.
Martín intentó participar en política como instrumento para construir la paz del territorio, pero la cohonestación entre el Mercenarismo y los representantes del Estado no le permitieron llegar al Concejo del Municipio de San Alberto en 2002.
Al intentar sacar la discusión de un Estado real y trasladarla a un Estado ilusorio se debe preguntar por las garantías para desarrollar y ejercer el periodismo que corresponde a la materialización del fundamento jurídico. Así las cosas, al confrontar el Derecho constitucional con el goce efectivo de la libertad de expresión y derechos conexos, es pertinente preguntar al gremio de periodistas: ¿En Colombia hay garantías para ejercer el periodismo?
la Flip recomendó que en vez de limitar el flujo de información entre las entidades públicas y la prensa, se opten “medidas necesarias para dar respuesta a las peticiones de los medios de comunicación y periodistas”.
El mandatario exaltó, durante la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Cartagena, los sacrificios hechos por los periodistas en defensa de la democracia y recordó casos como los de Guillermo Cano y Jorge Enrique Pulido.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, rechazó a través de comunicado la exclusión de la que fueron víctimas periodistas locales en Chimichagua, Cesar, durante la visita del presidente Santos.
A ello se suman casos de trato inhumano, tentativa de homicidio y detención ilegal.
