La investigación comenzó por un ciudadano que denunció en Bogotá cómo aparentemente fue víctima de la justicia al tener que pagar 15 millones de pesos entre dinero en efectivo y una camioneta, por un proceso penal a los funcionarios públicos. Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía pidió que los tres implicados fueran enviados a prisión.