El presidente dijo que acata la decisión de la Corte, pero que las autoridades están facultadas para sancionar e incautar sustancias sicoactivas en la calle.
Esta semana, una decisión de la Corte Constitucional sacudió la opinión pública con un fallo que dejaría sin efecto la consulta popular de Cumaral y otras 74 iniciativas que estaban en proceso, además de poner límites a los alcances del mecanismo de participación.
La discusión se abrió luego de que la sala plena de la Corte Constitucional diera vía libre a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con algunos condicionamientos.
Con este procedimiento la JEP ya no tiene ningún obstáculo para empezar con el funcionamiento pleno de su jurisdicción; eso aleja cualquier posibilidad de competencia de la justicia internacional.
la Corte Constitucional indicó al Ministerio de Salud que el medicamento no se puede aplicar si el paciente no lo desea.
La Corte Constitucional hizo un llamado a las EPS del país, para recordarles que no pueden cobrar el copago a los pacientes de alto costo o enfermedades huérfanas, ya que estas acciones atentan con el derecho a la salud.
Charlotte fue acompañada por la Defensoría en la exigencia del amparo de sus derechos
Aunque el alto tribunal había asegurado que la Corte no iba a estudiar la solicitud de nulidad, finalmente la institución le dijo sí a la petición.
Cuando creíamos que nada volvería a sorprender en el corto año que le resta la administración Santos, lanza en medio del prolongado paro, el “referendo electorero de los amigos por la paz”.
En principio, el derecho de acceso a la administración de justicia, es un derecho fundamental, según la prescripción del artículo 229 de la Carta Política, del que además se ha referido la Corte Constitucional, como la garantía real y efectiva que el Estado le ofrece al individuo, de poder acudir, para resolver las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez,con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley.
La negación de servicios de transporte, para recibir tratamientos en ciudades distintas a la de origen, se acentúa en la Costa Atlántica, Nariño, Huila y Valle, según el estudio de Colombia Saludable.
