Termina pues el embeleco jurídico y se ratifica que es la C.A. de la Cámara de Representantes el juez natural, y el órgano constitucional y legalmente competente para conocer de los delitos, y/o faltas disciplinarias o de cualquier otra naturaleza, en las que pudiera estar incurso el primer mandatario, y/o los altos funcionarios del Estado.
Desde Drummond señalaron que las 12 propuestas no cubrieron las expectativas de las autoridades indígenas yukpas del Cesar.