La Fiscalía determinó que de los 23 contratos realizados para la obtención de kits de mercado solamente en siete de estos se evidenció un detrimento patrimonial de $505.108.582.
En esta oportunidad fueron 220 mercados para habitantes de Becerril, el corregimiento Estados Unidos (jurisdicción de Becerril), el corregimiento La Victoria de San Isidro (de La Jagua de Ibirico) y el casco urbano de La Jagua de Ibirico.
Los beneficiarios son 12.600 personas, que hacen parte de comunidades indígenas, afrodescendientes, población en discapacidad, madres comunitarias, gestores de paz, víctimas del conflicto armado, artesanos, artistas, músicos, mujeres cabeza de hogar, indígenas, trabajadores informales y campesinos.
Los mercados serán distribuidos en Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cesar y Guajira.
La diligencia se llevó a cabo con el fin de conocer de primera mano cómo el alcalde municipal, Robinson Manosalva, ha realizado la contratación de kits de ayudas humanitarias que ha distribuido en las comunidades.
La víctima fatal recibió un impacto de bala cuando unos jóvenes quisieron supuestamente atacar a la subestación de Policía del corregimiento de Casacará. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación.
Un vehículo de transporte de carga se vio afectado en el vidrio de la parte delantera y tuvo que ser salvaguardado por la Policía Nacional.
A través de las redes sociales los jóvenes lograron recoger las ayudas.
En medio de los disturbios presentados en la frontera entre Colombia y Venezuela por el bloqueo del paso de las ayudas humanitarias, doce militares venezolanos han desertado del régimen de Nicolás Maduro para acogerse a la ley de amnistía ofrecida por Juan Guaidó.
Los manifestantes fueron atacados con gases lacrimógenos, piedras y bombas por parte de la Guardia Venezolana al intentar cruzar el lado colombiano.
Frente a la situación de emergencia la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre Municipal, entregó ayudas humanitarias a 40 familias afectadas.