Si hay una cosa en la que todos los actores del Estado y de la sociedad podemos estar de acuerdo, es en la importancia de la educación para el desarrollo económico y social de los pueblos. Una sociedad educada tiene la capacidad de auto regularse y autodeterminarse. La diferencia sustancial que puede medirse entre países más y menos desarrollados, además de la robustez de sus economías está en los logros en materia educativa: cobertura y acceso a la educación, años de estudio logrados por los individuos, resultados académicos y logros profesionales. Por eso, los países y regiones que apuestan al desarrollo, entienden que esta no es posible sin un sistema educativo que cumpla con eficiencia los criterios de cobertura, calidad, y pertinencia.

En materia de cobertura, Colombia registra un indicador de 52,8 %. Esta tasa mide la participación de los jóvenes y adultos que se encuentran efectivamente cursando un programa de formación en educación superior (técnico profesional, tecnológico y universitario). El departamento del Cesar registra solo un 35,3 %, ubicándose 17,5 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional.

Más que revelar una cifra, el propósito de mencionarla es convocar una reflexión sobre cuáles son las oportunidades de crecimiento personal, de movilización social y de construcción de proyecto de vida que tienen el 64,8 % de los jóvenes que no tienen la posibilidad de educarse, pero también en el impacto que esto tiene en general en los niveles de pobreza y precario desarrollo económico que tiene este departamento.

La calidad hace referencia a un atributo del servicio de la educación y de la manera en que este se presta. Para lograrla, se requieren ingentes y continuos esfuerzos que involucran, entre otros aspectos, la formación docente, la investigación y la proyección social, y que puede estimarse a través de los resultados académicos de los estudiantes y egresados, sus logros profesionales y la capacidad de estos para responder a las necesidades de transformación del país en el campo económico y social.

La pertinencia alude en gran medida a las relaciones entre educación y trabajo, a la existencia de una identidad entre los propósitos del sector educativo, de la investigación y de los sectores productivos. La universidad debe lograr canalizar esfuerzos científicos y educativos al desarrollo económico de la región.

El departamento del Cesar está teniendo desastrosos resultados en estos tres aspectos. Gran parte de los jóvenes entre 17 y 21 años por fuera de la educación superior, con la Universidad Popular del Cesar en los últimos lugares en las pruebas nacionales de calidad, con los excesivamente precarios resultados en materia de investigación y proyección social, la ausencia de acreditación y la deprimente situación de los egresados en el campo laboral son la mejor muestra de ello.

Y si resulta deprimente hablar de estos pésimos resultados, más lo resulta pensar cómo la dirigencia universitaria no ha concentrado esfuerzos para cambiarlos. Todo lo contrario, quienes han llegado al poder directivo universitario han sido responsables de dirigir a la institución a la debacle, con la mirada fría y complaciente de los gobiernos departamental y nacional que no han estado a la altura de la responsabilidad que le otorga su importante presencia en el Consejo Superior, máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad.

Intereses políticos y burocráticos se sobreponen a la construcción seria de un plan de mejoramiento que propenda por mejores resultados administrativos y académicos.

La situación de la universidad no puede ser peor. El Consejo superior hoy carece de legitimidad, en la medida que hace muchos meses no están completos sus miembros, con el agravante de que los que faltan son precisamente los representantes de los estamentos universitarios, es decir: los representantes de estudiantes, egresados, docentes y directivos, quedando dirigida por externos que solo tienen intereses políticos. La presencia de los estamentos universitarios es lo que dota de legitimidad y garantiza el ejercicio democrático en la medida que permite participar en la toma de decisiones a quienes se ven directamente afectados por ellas.

Que no sea aludido el principio de autonomía universitaria para permitir que este desgobierno continúe. Este principio, como todos los constitucionalmente protegidos, no son absolutos. La autonomía tiene limitaciones que impone la “suprema dirección y vigilancia” que debe ejercer el Estado y por eso llamamos con urgencia a que el Ministerio de Educación Nacional ponga fin a este desastre que perturba el accionar administrativo, pone en riesgo jurídico a la institución, anula sus posibilidades de progreso y, finalmente, vulnera el derecho de los estudiantes a recibir una educación pertinente y de calidad.

Con la misma urgencia llamo al gobierno departamental, que no solamente mira con frialdad, sino que en muchas ocasiones ha sido cómplice o gestor de esta calamidad. Es el momento de unirse en propósito con los representantes del Gobierno nacional y desentrabar los procesos de elecciones estamentarias, pero, sobre todo, permitir que estos sean la expresión libre y espontánea de quienes tienen la responsabilidad de elegirlos.

Es también el momento de que el gobierno departamental entienda que el desarrollo de este departamento depende de la forma como eduquemos a nuestros jóvenes. Que su responsabilidad sobrepasa el transferir los recursos que disponen la ley y las ordenanzas para el presupuesto de la universidad, ese es simplemente un deber legal. Su mandato exige más seriedad en la definición de una política y nuevos recursos, que, con un gobierno universitario legítimo, conduzcan a nuestra UPC a salir de la obsolescencia y prepararse para responder a las exigentes demandas del mundo globalizado y cambiante, con eficiencia, cobertura, calidad y pertinencia.