Buscando prevenir ‘los dolores de cabeza’ de cada año con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, y el transporte, la Procuraduría emitió en octubre del año pasado un oficio solicitando a los anteriores gobiernos dejar contratados ambos servicios.

Para eso era necesario que los concejos municipales y las asambleas departamentales permitieran a las administraciones comprometer recursos de vigencias futuras. Para el PAE, el Concejo aprobó el proyecto, sin embargo, todo indica que los estudiantes de los colegios públicos de Valledupar de la zona urbana y rural iniciarán clases sin transporte escolar.

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APROBADO EL PAE, NO EL TRANSPORTE

El pasado 31 de diciembre, la anterior administración de Valledupar adjudicó el Programa de Alimentación Escolar, PAE, para el 2020. El proyecto cuyo valor es $20.097 millones fue adjudicado a la Unión Temporal Alimentar Valledupar, quienes presentaron la única propuesta habilitada.
La situación del transporte escolar es diferente.

El Concejo saliente no aprobó el proyecto de acuerdo en el que se comprometían vigencias futuras para dejar contratado el transporte escolar. ¿Por qué? El documento no cumplía con los requisitos legales, explican los concejales.

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“Si bien es cierto la Procuraduría emitió una circular para que instara a los gobernadores y alcaldes a adelantar vigencias futuras para temas de alimentación escolar y transporte escolar, se aprobó el PAE porque cumplía el lleno de los requisitos pero con el transporte escolar los recursos que están designados son del Sistema General de Participación de propósito general, entonces existían unas dudas jurídicas”, aseguró el concejal Wilber Hinojosa.

Las dudas jurídicas estaban centradas en unas condiciones que establece la Ley 1483 de 2011 respecto a la aprobación de vigencias futuras en el último año.

Así, señala en el parágrafo 1 del artículo 1 que “en las entidades territoriales queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno”, pero hace dos excepciones, “para aquellos proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y la última doceava del Sistema General de Participaciones”.

El proyecto del transporte escolar no cumplía con la condición de la doceava parte, una fórmula matemática que divide el presupuesto de la sectorial de Educación para un año en doce partes. Para ser aprobado, el proyecto debía estar por el valor de esa doceava parte, cifra que no alcanzó.

“Nosotros queríamos aprobar eso, de hecho le dimos muchos plazos a la Alcaldía, Pero tampoco podíamos meternos en problemas”, subrayó el exconcejal Jhon Díaz Carpio. Aunque ya estaban los pliegos previos publicados, sin recursos no se podía contratar, por lo que fue descartado.

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Así, la nueva administración municipal debió iniciar desde cero un proceso para contratar el transporte escolar del año 2020 en Valledupar bajo la modalidad de licitación pública, modalidad que por los tiempos establecidos se extiende hasta por 45 días, si no salen impedimentos durante el proceso.

Recién el miércoles se publicaron los prepliegos en la página del Secop 1 y en el calendario escolar oficial en Valledupar está programado a iniciar para el 27 de enero. Si todo transcurre con normalidad, el transporte iniciaría hasta finales del mes de febrero o comienzos de marzo.

URGENCIA RURAL

Por un valor de $ 6.984 millones, el contrato está en borrador y con 105 rutas beneficiaría a cerca de 2.826 estudiantes. Durante los días sin transporte, el principal problema será en las zonas rurales, así lo reconocen los rectores.

“Hay alrededor de 200 estudiantes que necesitan transporte porque viven en zonas como Las Vegas, Atánques, Río Seco. No en grandes dimensiones, pero esto afecta el proceso de matrículas porque hay padres que no matriculan hasta que los hijos tengan garantizado el transporte. Nosotros necesitamos que esto se dé lo más pronto posible para tener normalidad académica en el menor tiempo posible porque de cierta forma eso afecta el proceso”, señaló el rector de la Institución Educativa Media de Patillal, Oswaldo Jiménez.

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Más allá de los tiempos establecidos y que la norma exige respetar en todo proceso contractual, de la celeridad de la administración municipal dependerá que no se repitan hechos como el accidente que sufrió un grupo de estudiantes el año pasado cuando se movilizaban a la institución en transporte privado.

POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
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