El pasado 21 de octubre, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 017 del 2019 firmada por el procurador Fernando Carrillo y dirigida a la ministras de Educación, María Victoria Angulo, gobernadores, alcaldes de municipios certificados, asambleas y concejos.
¿El asunto? Solicitar a las autoridades encargadas que el servicio del Plan de Alimentación Escolar, PAE, y el Transporte escolar empiece a la par del calendario electoral. “A las autoridades territoriales les corresponde la de apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar”, reza el punto cinco de la directiva.
Por eso, el pasado 29 de noviembre, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, convocó al Concejo de Valledupar cuatro sesiones extraordinarias para que estudiara y aprobara el proyecto mediante el cual se autoriza al mandatario “asumir compromisos con vigencias futuras para la vigencia fiscal del 2020”.
