En la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, existe un contrato para el recaudo, servicios de corte, suspensión, reconexión, instalación de micromedidores, toma de lectura, impresión, reparto de facturas, entre otros aspectos, el cual está bajo la firma de Radian Colombia, que tiene vigencia hasta el 2023, lo cual dejó estipulado la anterior administración municipal en cabeza de Augusto Ramirez Uhía.

Una de las características particulares que tiene este contrato es que el dinero va a una fiducia, una vez se tenga todo el recaudo los primeros en recibir las ganancias son ellos mismos con un 35 % del total; es decir, Emdupar, es el último en pagarse, según lo manifestó a EL PILÓN  un exempleado administrativo.

En una reciente entrevista a este mismo medio de comunicación, el gerente de la empresa, Rafael Maestre Ternera, señaló que el contrato con Radian deben estudiarlo y ver qué alternativas de solución tienen, ya que como actualmente está se hace inviable. Lo anterior lo expresó luego que el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, reconociera en la rendición de cuentas 2020, que Emdupar es inviable por lo que están en la búsqueda de un ‘socio estratégico’ para salvarla financieramente, lo que podría presumirse que sería una liquidación.

NO PARA LA CRISIS FINANCIERA

En este sentido Rafael Maestre Ternera señaló que la empresa ha dejado de percibir $8.156 millones, en comparación a la vigencia 2019, debido a la pandemia.

Actualmente esta empresa que se encarga principalmente de la captación y tratamiento de agua para la ciudad de Valledupar cuenta con 98.576 usuarios, de los cuales solo cancelan la facturación 47.548, es decir, solo el 48 % de los clientes son puntuales con el pago; el resto, 51.028 usuarios no están pagando los servicios de acueducto y alcantarillado, lo que equivale al  51. 77 %, siendo los estratos 1, 2 y 3 los más morosos.

Por otro lado, pero no apartado de esta crisis, la empresa tiene una cartera de $82.000 millones, escandalosa cifra que aumentó $12.000 millones en un año, ya que cuando la actual administración asumió las riendas, era de $70.000 millones.

Sin duda alguna todo este panorama se ha agravado por la emergencia sanitaria, más aún que a través del Decreto 441 de 2020, el Gobierno nacional ordenó a las entidades de servicios públicos realizar, sin cobro de cargo alguno, la reinstalación y reconexión de manera inmediata del servicio público domiciliario de acueducto, además de  garantizar “de manera efectiva el acceso a agua potable”. Por lo tanto, ninguna empresa pudo usar la suspensión como medida coercitiva.

POR REDACCIÓN | EL PILÓN