Un nuevo capítulo se abrió sobre el proyecto de ley que adopta de manera permanente la virtualidad en la justicia. Este martes en un debate el Senado aprobó la reforma e incluyó el área penal, la cual había sido excluida en una votación reciente de la Cámara de Representantes en el Capitolio Nacional. 

Así las cosas, por esa dicotomía entre las corporaciones ahora el proyecto deberá entrar a una etapa de conciliación para ajustar el texto y así nuevamente someterlo a una votación. 

Posteriormente, tendrá que ser sometido a sanción presidencial antes del 20 de junio. No obstante, el Gobierno nacional ha mostrado su respaldo y ha apoyado la iniciativa mediante el ministro de Defensa, Wilson Ruiz Orejuela. 

“El Gobierno está apostando a que la virtualidad sea una constante, es decir que se aplique en todas las jurisdicciones. Sabemos que hay pequeños inconvenientes en la parte penal y nosotros consideramos que se puede dar una proposición en el cual finalmente quede en manos del juez para que diga cuál (audiencia) es presencial y cuál se maneja desde la órbita de la virtualidad”, explicó Ruiz Orejuela. 

En la plenaria del Senado la proposición consiste en que la virtualidad permanezca en el desarrollo de los procesos, salvo en casos de fuerza mayor, para así flexibilizar la atención de la ciudadanía. 

“El acceso a la administración de justicia a través de las herramientas tecnológicas e informáticas debe respetar el derecho a la igualdad, por lo cual las mismas serán aplicables cuando las autoridades judiciales y lo sujetos procesales y profesionales del derecho dispongan de los medios tecnológicos idóneos para acceder de forma digital, no pudiendo, so pena de su uso, omitir la atención presencial en los despachos judiciales cuando el usuario del servicio lo requiera y brindando especiales medidas a la población en condición de vulnerabilidad”, reza el texto.

Además, la presencialidad se tendría en cuenta en otros escenarios penales como en la práctica de pruebas. 

En consecuencia, el Decreto 806 del 2020 adoptado en el país por la emergencia ocasionada por el coronavirus quedaría con permanencia en el tiempo de superar todas las etapas previstas.

Mientras tanto este acto administrativo tiene vigencia hasta el próximo 4 de junio, motivo por el que convocaron a regresar a la normalidad en las audiencias el próximo 1 de julio. 

LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

Esta iniciativa ha contado con un amplio apoyo de colectivos de abogados, jueces y sindicatos que laboran en la Rama Judicial por considerar que la virtualidad mejoró los procesos. 

Por ejemplo, evitó que el Inpec invierta en personal y recursos económicos en la movilización de los internos, que los peritos o testigos tengan que hacer traslados para cumplir el llamado de los jueces y se notó mejoría en la congestión judicial.