La investigación corresponde a unas irregularidades en un contrato que suscribió el 9 de octubre de 2009 la administración municipal de esta localidad del Cesar con el abogado Víctor Hugo Medina.
Después de seis años de vincularlo formalmente al proceso fue condenado el exalcalde de Tamalameque, Boris Pisciotti González, a seis años de prisión por celebrar un contrato de forma irregular con el abogado Víctor Hugo Medina Palencia, que afectó las arcas económicas de la administración municipal entre el periodo 2008-2011.
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La sentencia fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Aguachica por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en una audiencia celebrada la mañana del viernes.
La juez consideró que la Fiscalía 5 seccional, a cargo de Johan Ustáriz, logró demostrar su teoría del caso mediante las pruebas testimoniales y documentales que presentó durante el proceso.
La investigación corresponde a las irregularidades registradas en un contrato que suscribió el 9 de octubre de 2009 la Alcaldía de Tamalameque con el fin de obtener el servicio jurídico de Medina Palencia, pese a que venía siendo asistida por otro abogado.
“En el marco de la ejecución del contrato no se señaló cuándo y cómo se liquidaría el mismo. Tampoco se estableció la idoneidad del contratista ni se verificó previamente si estaba inhabilitado o tenía causales de impedimento; la administración no le exigió propuesta para celebrar el contrato ni hoja de vida, solamente lo contrató sin exigir ningún tipo de requisitos”, relató la juez al referirse a la acusación de la Fiscalía.
El servicio del jurista estaba enfocado en defender los intereses de la administración en una demanda en su contra que presentó un grupo de 60 docentes de Tamalameque para que les pagaran su servicio.
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Para eso, según la Fiscalía, el alcalde Boris Pisciotti quitó el poder judicial en el caso otorgado al abogado Dairo Guerra Torres, quien tenía contrato también con Alcaldía.
Razón a ello, representó durante seis meses al municipio en el pleito con los docentes, pero inesperadamente el alcalde revocó el poder a su actuación y pidió que liquidaran sus honorarios.
Asimismo, Medina Palencia presentó una demanda ejecutiva ante un juez laboral del circuito de Aguachica por honorarios, aludiendo el pago de más de mil millones de pesos.
“Manifestó la Fiscalía que llamó la atención que el alcalde Boris Pisciotti y el abogado Víctor Hugo Medina Palencia el 27 de octubre de 2010, cuando este último no era apoderado de Tamalameque, hayan decidido modificar la cláusula segunda del contrato que trata la prestación de servicio profesional que celebraron el 2 de octubre de 2009 en el que se reconoce que la obligación del apoderado es de resultados, que solo pagaría el valor de los honorarios pactado si el municipio contratante tenía decisión favorable”, dijo la administradora de justicia.
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Por estos hechos, el exmandatario fue presentado a audiencias preliminares el 13 de agosto de 2014 en el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar.
En ese sentido, se declaró inocente y enfrentó el proceso con múltiples dilaciones, sobre todo a la hora de entrar a la lectura de la sentencia, puesto que tuvieron que pasar tres años para que se hiciera.
De hecho, la audiencia de lectura de fallo se tuvo que desarrollar sin la presencia del exmandatario y abogado.
Por: Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN
[email protected]
La investigación corresponde a unas irregularidades en un contrato que suscribió el 9 de octubre de 2009 la administración municipal de esta localidad del Cesar con el abogado Víctor Hugo Medina.
Después de seis años de vincularlo formalmente al proceso fue condenado el exalcalde de Tamalameque, Boris Pisciotti González, a seis años de prisión por celebrar un contrato de forma irregular con el abogado Víctor Hugo Medina Palencia, que afectó las arcas económicas de la administración municipal entre el periodo 2008-2011.
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La sentencia fue proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Aguachica por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en una audiencia celebrada la mañana del viernes.
La juez consideró que la Fiscalía 5 seccional, a cargo de Johan Ustáriz, logró demostrar su teoría del caso mediante las pruebas testimoniales y documentales que presentó durante el proceso.
La investigación corresponde a las irregularidades registradas en un contrato que suscribió el 9 de octubre de 2009 la Alcaldía de Tamalameque con el fin de obtener el servicio jurídico de Medina Palencia, pese a que venía siendo asistida por otro abogado.
“En el marco de la ejecución del contrato no se señaló cuándo y cómo se liquidaría el mismo. Tampoco se estableció la idoneidad del contratista ni se verificó previamente si estaba inhabilitado o tenía causales de impedimento; la administración no le exigió propuesta para celebrar el contrato ni hoja de vida, solamente lo contrató sin exigir ningún tipo de requisitos”, relató la juez al referirse a la acusación de la Fiscalía.
El servicio del jurista estaba enfocado en defender los intereses de la administración en una demanda en su contra que presentó un grupo de 60 docentes de Tamalameque para que les pagaran su servicio.
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Para eso, según la Fiscalía, el alcalde Boris Pisciotti quitó el poder judicial en el caso otorgado al abogado Dairo Guerra Torres, quien tenía contrato también con Alcaldía.
Razón a ello, representó durante seis meses al municipio en el pleito con los docentes, pero inesperadamente el alcalde revocó el poder a su actuación y pidió que liquidaran sus honorarios.
Asimismo, Medina Palencia presentó una demanda ejecutiva ante un juez laboral del circuito de Aguachica por honorarios, aludiendo el pago de más de mil millones de pesos.
“Manifestó la Fiscalía que llamó la atención que el alcalde Boris Pisciotti y el abogado Víctor Hugo Medina Palencia el 27 de octubre de 2010, cuando este último no era apoderado de Tamalameque, hayan decidido modificar la cláusula segunda del contrato que trata la prestación de servicio profesional que celebraron el 2 de octubre de 2009 en el que se reconoce que la obligación del apoderado es de resultados, que solo pagaría el valor de los honorarios pactado si el municipio contratante tenía decisión favorable”, dijo la administradora de justicia.
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Por estos hechos, el exmandatario fue presentado a audiencias preliminares el 13 de agosto de 2014 en el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de Valledupar.
En ese sentido, se declaró inocente y enfrentó el proceso con múltiples dilaciones, sobre todo a la hora de entrar a la lectura de la sentencia, puesto que tuvieron que pasar tres años para que se hiciera.
De hecho, la audiencia de lectura de fallo se tuvo que desarrollar sin la presencia del exmandatario y abogado.
Por: Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN
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