Económicas
- 23 enero, 2018
Según la Contraloría General, Rama Judicial ha pagado de más en prestaciones de nomina
El Consejo Superior de la Judicatura ha pagado en los últimos cinco años, un mayor valor de $ 2.813 millones en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, ha realizado adiciones de cesantías de $ 4.406 millones.
El Consejo Superior de la Judicatura ha pagado en los últimos cinco años, un mayor valor de $ 2.813 millones en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, ha realizado adiciones de cesantías de $ 4.406 millones.
Para la Contraloría, “esta situación muestra grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal”.
Así lo determinó la Contraloría General de la República en una Auditoría de Cumplimiento al proceso de reconocimiento, liquidación, pago de salarios y prestaciones laborales de los servidores de la Rama Judicial para las vigencias 2013 a Octubre de 2017.
En dicha auditoría detectaron 45 hallazgos administrativos, 12 de los cuales se calificaron con incidencia fiscal, por salarios y prestaciones sociales de personal que ya había sido retirado del servicio, también se evidenció doble pago de cesantías, pago de sobre sueldo del 8 %, eliminado desde 1991 y aplicación de la No solución de continuidad en el auxilio de cesantías que generó mayores valores pagados.
Según la Contraloría, estas situaciones hacen incurrir al Consejo Superior de la Judicatura en un desgaste administrativo que conlleva a procesos de ajustes recurrentes, lo que en muchas ocasiones ha impedido la recuperación oficiosa de los dineros pagados en exceso y en consecuencia, exige el inicio de procesos de cobro coactivo.
Otras fallas detectadas
Al evaluar el proceso institucional de reconocimiento, liquidación y pago de la nómina y prestaciones de los empleados de la Rama Judicial, la Contraloría encontró debilidades asociadas a temas como incumplimiento normativo, alta rotación de personal y falta de oportunidad de los nominadores para comunicar las novedades, así como ausencia de control y seguimiento para realizar verificaciones.
A esto se suma la carencia de procedimientos en procesos para liquidación de vacaciones, cesantías y salarios, donde se definan las competencias, actividades y responsabilidades. Lo anterior se traduce en una gestión fiscal ineficiente e ineficaz del recurso público que atiende el gasto de personal en la Rama Judicial.
Giros de cesantías soportados en valores no causados
La Contraloría evidenció también que mediante Circular 13 de 2005, el Director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ordenó la apertura de cuentas globales para cada uno de los fondos de cesantías, con el fin de realizar el giro de cesantías a los funcionarios afiliados, contrario a lo establecido por las normas que regulan este auxilio.
Con esta práctica, la entidad viene efectuando giros soportados en proyecciones y no en valores realmente causados, lo que lleva a que los ajustes necesarios para cada caso particular, se efectúen por comunicaciones individuales, escapando a la cadena presupuestal que rige para la Rama Judicial, y se gire en muchos casos mayores valores de los que corresponden, dejando a cargo de los Fondos los recursos remanentes.
Liquidación de cesantía anualizada desconoce normatividad
La Contraloría encontró también que en la Rama Judicial se liquidan las cesantías anualizadas, a través de un procedimiento no previsto por el legislador, acumulando tiempos de servicio derivados de diferentes vinculaciones en una misma anualidad, aplicando indebidamente la no solución de continuidad en la liquidación del auxilio de cesantías, hecho que aumenta injustificadamente las erogaciones en el presupuesto de gastos de personal de la Rama Judicial.
Esto porque mediante Circular DEAJC17-59 de 2017 se cambió el procedimiento de liquidación de la cesantía anualizada, aplicando la acumulación de periodos, desconociendo la normatividad vigente que regula la materia y asumiendo una competencia exclusiva del legislador.