Valledupar vive momentos críticos en materia de seguridad. El aumento de la criminalidad, el hacinamiento en los centros de reclusión y la falta de recursos suficientes para atender los problemas estructurales nos obligan a buscar soluciones. La creación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana es más que una necesidad, es una obligación para garantizar la seguridad de todos.

Nuestro municipio cuenta con dos grandes centros de reclusión: la Cárcel Judicial y la Tramacúa, que, en teoría, deberían aliviar la carga del sistema penitenciario local. Sin embargo, estas instalaciones no están cumpliendo con el propósito para el que fueron diseñadas. La Tramacúa nació de un engaño, ya que el lote donde fue construida se donó inicialmente para trasladar la Cárcel Judicial. Hoy lejos de beneficiar a la justicia local, recibe a reclusos de alta peligrosidad de todo el país, sin que exijan ningún tipo de convenio, convenio que sí exigen al municipio, para no recibir sus capturados.

Mientras tanto, la Permanente de la Tercera, diseñada para 80 detenidos, se encuentra en hacinamiento con más de 400 capturados. Esta situación es insostenible, no solo por las condiciones inhumanas de hacinamiento, sino también porque afecta directamente la efectividad de la justicia. Los policías, que deberían estar patrullando y previniendo el crimen, terminan desempeñando labores de custodia para las cuales no tienen formación ni entrenamiento. Este vacío operativo lo aprovechan las bandas criminales, que mediante todo tipo artimañas procesales logran dilatar sus casos hasta llegar al número mágico de 120 días donde llega, “San Vencimiento” de términos, dejando a sus lugartenientes libres para volver a delinquir.

La solución pasa por una exigencia clara y contundente: la Cárcel Judicial y La Tramacúa deben dar prioridad a los capturados del Cesar. No es posible que un municipio que carga con la responsabilidad de custodiar a detenidos de toda la región no pueda usar sus propios recursos penitenciarios. Garantizar esta prioridad no solo aliviaría la sobrecarga en la Permanente, sino que permitiría a las autoridades locales enfocar sus esfuerzos en mejorar la seguridad y la justicia.

El Gobierno Nacional y el INPEC tienen una deuda histórica con Valledupar. No podemos seguir siendo el destino de los problemas penitenciarios del país sin ningún tipo de convenio o compensación. Es hora de exigir un trato justo, que reconozca las particularidades de nuestra región y proporcione los recursos necesarios para enfrentar estos desafíos. El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria, acompañado de políticas de prevención y control del delito debe ser una prioridad nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana es el escenario perfecto para liderar esta exigencia. Bajo la dirección del general Pablo Bonilla, su misión debe ir más allá de gestionar el orden público. Esta entidad debe diseñar estrategias integrales que incluyan prevención del delito, acciones efectivas contra las bandas criminales y, sobre todo, la construcción de una red institucional que permita a Valledupar recuperar la confianza de sus ciudadanos.

Desde el sector privado y gremial, reiteramos nuestro compromiso de apoyar esta iniciativa. Sabemos que la tarea no será fácil, pero también reconocemos que el éxito de la Secretaría será el éxito de todos los vallenatos. Este es el momento de unir esfuerzos de exigir lo que nos corresponde.

General Bonilla, le deseamos la mejor de las suertes en esta misión. Cuente con nosotros para hacer de esta secretaría una herramienta efectiva. Valledupar merece seguridad, justicia y un liderazgo comprometido con su gente.

Por: Ricardo Reyes

Fenalco Cesar