(EFE).- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció hoy un paquete de medidas, entre ellas una ley de protección al denunciante, para combatir la corrupción de la que dijo “ha sido siempre hermana gemela de la violencia”.

“Ahora que hemos terminado el conflicto con las FARC, debemos librar entre todos esta otra batalla difícil y compleja, pero igualmente necesaria: la batalla contra la corrupción”, dijo el jefe de Estado al intervenir en el foro “Corrupción en Colombia: la peor forma de violencia”.

Santos explicó que entre las medidas para luchar contra ese flagelo está el fortalecimiento del grupo anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin), de la Policía, así como más herramientas para las Superintendencias, entidades encargadas de supervisar diferentes áreas de la economía.

También se crearán jueces especiales para delitos contra la administración pública, se buscará la bancarización total del sistema de contratación con el Estado, concertación para fijar normas claras sobre el cabildeo y la creación del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto.

Santos recordó que la corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos al progreso del país y destacó que según estudios “los países con altos niveles de violencia tienden a padecer mayores problemas de corrupción”.

Aseguró que el desplazamiento forzado es una de las formas más degradadas de la corrupción y que “docenas de masacres, asesinatos selectivos y violaciones a miles de mujeres han sido el precio de esa muestra de perfidia humana”.

Otro ejemplo de la interacción entre la violencia y corrupción, dijo el mandatario, se evidencia en la lucha por el control de zonas mineras o con cultivos de coca.

“Algunos funcionarios, desde su nivel de responsabilidad, han facilitado, por acción u omisión, actividades de explotación ilícita minera o de narcotráfico en sus territorios, fortaleciendo por esa vía a mafias del crimen”, apostilló Santos.

Por último se refirió al escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que pagó sobornos en Colombia y en 20 países más y reiteró que el interés del Gobierno es que se conozca la verdad.

“Reitero una vez más que todo nuestro interés, nuestro único interés, es que la verdad salga a la luz y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas y funcionarios que hayan participado en estos sobornos”, dijo.

Por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia está detenido el exsenador Otto Bula, quien admitió haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar en la consecución de contratos para esa firma en el país.

También está entre rejas el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien reconoció haber recibido 6,5 millones de dólares en sobornos.

El tercer detenido es el contratista Andrés Cardona, por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato entre la compañía brasileña y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital colombiana para obras en el río Bogotá.

La Fiscalía también citó a interrogatorio a los gerentes de las campañas presidenciales de Santos en 2010 y 2014, y del opositor Óscar Iván Zuluaga, su rival en la última contienda, como parte de las investigaciones por el ingreso de dinero de Odebrecht.

EFE