Ad portas de cumplirse 14 meses de la denuncia presentada por Gustavo Cadenas Callejas por la presunta falsedad en la obtención de títulos de Licenciado en Educación Básica con énfasis en Informática de algunos docentes, la Procuraduría Regional del Cesar sancionó con suspensión del cargo e inhabilidad por 16 años a Deisy Johana Moreno Ríos, funcionaria de la Secretaría de Educación Departamental.

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Esta investigación fue abierta el 10 de noviembre del año anterior por el viceprocurador Juan Carlos Cortes González, que remitió a la Procuraduría el poder preferente para que liderara las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar en las secretarías de Educación y Salud Departamental, en esta última por la muerte de neonatos en la Clínica Laura Daniela.

De esta manera, la procuradora (e) Margarita Cuenca Urbina dijo en el fallo de primera instancia que “con el comportamiento desplegado, además de haber incumplido en la descripción típica consagrada en el numeral 1 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se desconocieron los principios que garantizan la función pública, como son los de moralidad y responsabilidad”, debido a que Moreno Ríos, investigada con ocasión del cargo de Técnico Operativo, grado 7, de la planta de personal de la Gobernación del Cesar, “procedió a pedir dineros a los docentes Nubia Isabel Ceballos de Palomino, Wilfran Pérez Mercado, Leidis Esther Ramos Iglesias y Elvira Ospino Martínez, para ser ascendidos en el escalafón desconociendo los principios de moralidad y responsabilidad que rigen el ejercicio de la función pública”.

Argumentó el Ministerio Público que “en la misma línea, cuando en ejercicio de las funciones de escalafón en la Secretaría de Educación Departamental, en junio de 2017, solicitó la suma de $5.500.000 a Gustavo Cadena Callejas con la finalidad de ascender en el escalafón de docentes” y que “acorde con lo analizado en precedencia, se considera que está demostrada la responsabilidad disciplinaria a cargo de Deisy Johana Moreno Ríos”.

Las faltas fueron calificadas como gravísimas y el grado de 15 culpabilidad imputado a título de dolo, por eso la investigada fue destituida del cargo e inhabilitada para ejercer funciones públicas por el término de 16 años conforme a lo analizado en la parte motiva del fallo.