Tras la sanción presidencial, la Ley Ángel se consolida como el marco legal más robusto para proteger a los animales en el país. En Valledupar, organizaciones como la Fundación Huellas VidaAmor celebran esta normativa, que cierra vacíos históricos en la aplicación de justicia y prioriza la prevención.
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Francy Lozano, representante de la fundación y miembro del Comité Facilitador de Implementación de Políticas Públicas de Protección Animal en la ciudad, destaca que la ley responde a demandas urgentes: “Hacía falta algo más severo. Antes había ausencias en las denuncias: se reportaba un caso y no siempre se actuaba con eficiencia. Ahora habrá herramientas para que los maltratos no queden impunes”.
Entre los avances destacados por Lozano se encuentra la capacidad de la Policía Ambiental para ingresar a domicilios sin autorización cuando exista evidencia de maltrato, permitiendo rescatar animales en riesgo de inmediato. Además, las penas por actos crueles como envenenamientos, abusos sexuales o asesinatos superarán los tres años de prisión, complementadas con multas entre 15 y 60 salarios mínimos. La ley también establece protocolos forenses para casos graves y un registro nacional de condenados, que impedirá a los agresores tener animales bajo su cuidado por 5 a 7 años.
Un compromiso colectivo
“El objetivo no es solo castigar, sino prevenir”, explica Lozano. La normativa exige campañas de sensibilización obligatorias para funcionarios y ciudadanos, junto con rutas de atención ágiles. “En Valledupar, esto es crucial. Había casos de perros envenenados o golpeados donde ni siquiera podíamos retirar al animal a tiempo. Ahora las excusas se acaban”.
La activista insiste en que el éxito depende de la articulación entre autoridades y comunidad: “Debemos informar a todos: desde las administraciones locales hasta los vecinos. Si no conocemos la ley, no podremos aplicarla”. Para ello, su fundación trabajará en talleres educativos y alianzas con entidades públicas.
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Lozano enfatiza que la sanción es solo el primer paso: “La responsabilidad es de todos. No basta con celebrar; debemos vigilar su cumplimiento y denunciar sin temor”. Con la Ley Ángel, Valledupar podría reducir casos emblemáticos de crueldad, mientras Colombia consolida un marco legal que prioriza la vida animal como un derecho fundamental. Además, Lozano dice esperanzada que esta ley obligará al municipio a activar lo más pronto posible el Centro de Bienestar Animal, que ya completa varios meses inactivo.
Por: Redacción EL PILÓN
