El río Guatapurí, símbolo de identidad y atractivo turístico de Valledupar, lidia con la eterna crisis social, de seguridad y ambiental provocada por la acumulación de basuras y residuos sólidos en sus orillas. Así lo denuncia Alfonso ‘Yiyo’ Martínez, veedor del río y una de las voces más persistentes en defensa del afluente. Según Martínez, la empresa encargada de la recolección de desechos, Aseo del Norte, no puede operar en ciertas zonas debido a condiciones de inseguridad y riesgos para sus trabajadores.
“Lo que estamos observando es que ellos no entran de aquel lado por la inseguridad, porque a los barrenderos, a los que barren, los roban, los insultan; es una área desprotegida por el gobierno y por las autoridades municipales. El área después de un fin de semana queda con toneladas de basura y no pueden sacar los camiones de Interaseo por la inseguridad que viven ahí los operarios”, relata Martínez, tras conversar con empleados de la empresa.
Zona de tolerancia: el foco del problema
De acuerdo con el testimonio del veedor, las áreas ubicadas cerca de la zona de tolerancia se han convertido en “afluentes de empaques de comida, botellas y plásticos”, pues la inseguridad ahuyenta a los equipos de limpieza. “Los operarios los han robado. Les roban el celular, los atracan, porque es una zona de tolerancia donde se consume mucha marihuana, basuco, droga. Los CAI de policía son solo saludos a la bandera“, afirma Martínez, responsabilizando a la falta de presencia de la fuerza pública.
El veedor insiste en que para revertir esta situación se debe fortalecer el accionar policial; “debe existir la policía carabinera, debe existir policía ambiental” y diseñar nuevos mecanismos de protección, pues el riesgo no solo afecta a los barrenderos sino también a quienes acuden a las orillas para actividades de recreo y turismo.
Desprotección institucional y falta de gerencia
El escenario de abandono institucional lo confirma la ausencia de medidas preventivas y de planificación por parte del municipio. “El área está desprotegida, no hay nada; la planeación y la oficina de desarrollo comunitario, que son quienes deberían vigilar, no actúan. El río merece un gerente, como un parque turístico nacional. Pero los fines de semana no existe siquiera un plan de contingencia”, denuncia Martínez.
A pesar de que ocasionalmente se activan operativos de limpieza, estos son insuficientes y tardíos. La responsabilidad, según el veedor, recae en quienes dirigen los planes ambientales y en las entidades municipales encargadas de la vigilancia. Martínez destaca que “lo más triste es que la Acción Popular no la están cumpliendo como debe ser” y que las órdenes judiciales que protegen el río han sido ignoradas por las entidades responsables.
Impacto ambiental y judicial
La denuncia de Martínez encuentra respaldo en documentos oficiales como la Sentencia del Consejo de Estado y el Diagnóstico POMCA del río Guatapurí. El fallo judicial ordena expresamente a la Alcaldía de Valledupar, Corpocesar y las empresas de servicios públicos a “proteger, conservar, mantener y restaurar la cuenca del río Guatapurí, desde su nacimiento hasta su desembocadura”, además de actualizar planes de contingencia y conformar comités de vigilancia interinstitucionales.
Dicho documento destaca que sectores como el Balneario Hurtado y la margen derecha del río sufren graves impactos por la acumulación de residuos domésticos y de construcción, al tiempo que la autoridad ambiental Corpocesar ha impuesto sanciones y medidas preventivas que, sin embargo, no han logrado erradicar el problema.
El Diagnóstico POMCA describe que los residuos sólidos y plásticos representan uno de los principales factores de deterioro ambiental, señalando la falta de articulación entre autoridades, el desequilibrio institucional y la necesidad de implementar mecanismos urgentes de protección colectiva. Igualmente, advierte sobre la ausencia de un modelo de vigilancia que funcione y la falta de articulación para la descontaminación y restauración de la ronda hídrica y espacios turísticos.
La justicia reclama acciones concretas
La sentencia obliga a las entidades demandadas a “adelantar gestiones para evitar la contaminación, disponer de un sitio para la recolección final de residuos, reforestar y prohibir hornos artesanales ilegales, así como actualizar y activar los planes de contingencia de manera inmediata ante alertas ambientales”. Ello a raíz de la persistencia de amenazas a los derechos colectivos al ambiente sano, la salubridad pública y el acceso a infraestructura adecuada.
Sin embargo, como advierte Alfonso Martínez, la ausencia de control y vigilancia institucional permite que cada fin de semana el río se convierta en una “zona roja”, donde reinan el desorden, los fogones mal apagados que pueden causar incendios y la acumulación de pañales y desechos. “Aquí el Pomca se lo pasaron por alto. Presentamos el desacato al Consejo de Estado. Es triste que no se cumplan las órdenes que dio el Tribunal Administrativo de Valledupar”, concluye el veedor, en una advertencia urgente a la autoridad y ciudadanía.
El drama del río Guatapurí es el drama de una ciudad que debe decidir si lo convierte en verdadero patrimonio turístico y natural, o lo deja sumido bajo toneladas de basura y olvido institucional. Las denuncias y documentos oficiales son claros: falta ejecutar, vigilar y proteger colectivamente este afluente vital para Valledupar y toda la región.
Por Katlin Navarro Luna
