Llegamos a la cita a la hora señalada en el correo. El lugar era un salón extenso con un escritorio donde nos esperaba un joven fiscal y, a su derecha, un señor con una gorra del CTI. Se trataba de un interrogatorio, y el citado me había buscado para acompañarlo. Esta diligencia, de naturaleza judicial, no puede desarrollarse si la persona no se presenta con un abogado.
Se trataba de una investigación por uno de esos llamados delitos informáticos que nos ha obligado, en el ámbito del derecho, no solo a hablar de normas, sino también de extranjerismos como phishing, smishing, vishing y todas esas modalidades que los piratas de la tecnología usan para apropiarse de los datos de las personas y robar sus cuentas o adquirir productos de manera fraudulenta.
El fiscal fue muy rudo y, en lugar de formular las preguntas del interrogatorio, se dedicó a intimidar a mi representado. En todo momento, le insistía en que tenía la certeza de que era parte de un grupo de personas que se encargaban de penetrar sistemas de entidades públicas y transferir dineros a cuentas de terceros y lo sentenció diciéndole que, si no le suministraba información sobre las otras personas involucradas, regresaba la semana siguiente con órdenes de captura.
El funcionario del CTI, por su parte, le advirtió a mi defendido que ya lo tenían ubicado y revisando su cuenta en Facebook, ya sabían quiénes conformaban su núcleo familiar, lo que me pareció muy extraño, en ese instante interrumpí la diligencia advirtiendo que no era la forma de desarrollarla, entre otras cosas, porque el interrogatorio no es obligatorio ni tampoco un requisito para medir la necesidad de solicitar una medida de aseguramiento.
Una semana después de ese incómodo momento, en las noticias apareció como primicia la captura en Bogotá de un fiscal por exigir dinero al padre de quien en esa época era el gobernador de Sucre, la sorpresa fue mayor cuando veo que el funcionario en problemas era el mismo que presionaba a mi defendido en ese rudo interrogatorio. Por esos hechos, el fiscal perdió su trabajo y pagó una condena. Mi poderdante no volvió a ser requerido por ninguna autoridad.
Es muy frecuente que desde la citación a un interrogatorio o llegar a ser imputado o acusado en un proceso penal se trate a la persona como un condenado, se le señale y hasta se asuma como el responsable de un delito sin ser vencido en juicio. Existen fiscales y jueces que consideran que, entre más brutal sea su actitud y sus expresiones, mayor efectividad tendrán. Lo mismo ocurre en la sociedad, muchos usan términos procesales como el imputado o el acusado para insultar o humillar a quien sufre el peso de tener que ir a los despachos judiciales, porque es un sufrimiento, no es nada agradable soportar el llamado de policía judicial, de la fiscalía o un juez y tener la vida sujeta a lo que determine otra persona.
Aquellos que creen que lastiman a alguien por llamarlo imputado o acusado no entienden que estos son solo términos para situarlo en un estado procesal específico. La presunción de inocencia se mantiene y solo queda sepultada cuando el juez dicta sentencia condenatoria; esto sí cambia las cosas. Antes de ello, la persona mantiene intactos su prestigio y su buen nombre, garantías patrocinadas por nuestra ley penal, lo que nos obliga, como ciudadanos, a tratar con respeto a todos los que pasan por las dificultades propias de este tipo de procesos.
Ejercer defensa no consiste solo en presentar pruebas y controvertir las que presenten los otros sujetos procesales, la defensa inicia tratando con respeto al defendido y exigir para él respeto por parte de los otros intervinientes en el proceso, porque la presunción de inocencia acaba con una decisión adversa, pero la dignidad es inherente a todos nosotros y esta no desaparece ni siquiera con una condena.
Por Carlos Andrés Añez Maestre
