Más polarización es lo que traerá al país la renuncia del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, tras la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de no extraditar al exjefe guerrillero Jesús Santrich, según dijeron varios congresistas cesarenses.

A voz del senador del partido Cambio Radical, Didier Lobo, el fiscal no tenía otra alternativa, porque si no renunciaba tenía que cumplir la orden de la JEP de dejar en libertad a Santrich.

“Es un tema difícil, una decisión difícil de tomar y creo que lo mejor en su caso era renunciar, y pienso que eso fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. Creo que este es un tema que preocupa y polariza más al país, el choque de trenes que se ha venido manejando, cada quien quiere mostrar su poderío, pienso que hay que revisar con mucha delicadeza lo que está ocurriendo”, aseguró Lobo.

Para el representante a la Cámara por el partido de la U, Cristian Moreno Villamizar, quien ha sido uno de los que más ha apoyado el proceso de paz, la decisión de la JEP es vergonzosa, no solo por haber tomado la decisión de no extraditar al exjefe guerrillero, sino por ordenar su libertad teniendo tantos elementos probatorios que por lo menos permitían hacer un estudio de fondo de la situación.

“La JEP debió insistir en las pruebas que expresó tener la justicia norteamericana que por mera tramitología se enredó y nunca terminaron llegando como debería ser, debió haber hecho la solicitud de otro tipo de pruebas junto con la Fiscalía hacer una análisis probatorio de fondo de la situación, por lo que creo que es una decisión que primero le faltó más de investigación y vergonzosa para las víctimas, para el país y el mismo proceso de paz”, afirmó Moreno Villamizar.

Según dijo, la decisión del fiscal está acorde a lo que este ha expresado y actuó en consecuencia con sus planteamientos sobre el caso de Santrich, pues fue quien más insistió en que debía ser extraditado.

Agregó el congresista que esta situación polariza más el país, debido a que todavía no se ha superado la campaña electoral que va a cumplir prácticamente un año: “No hemos dado para superar lo que ya fue un acuerdo de paz, nos guste o no nos guste, con imperfecciones y todo”.

Además, para Moreno Villamizar la JEP procedió a tomar una decisión tardía de capturar a alías ‘El Paisa’ que debió tomar meses atrás.

Entre tanto, el representante a la Cámara, Eliécer Salazar, afirmó que le parece una locura, porque el hecho que el fiscal haya hecho una investigación que no la haya acogido la JEP no debe ser motivo para renunciar: “Creo que debió revisar la decisión con más calma”.

LA RENUNCIA
Luego de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de no extraditar a Seuxis Paucías Hernández, alías Jesús Santrich, el fiscal Néstor Humberto Martínez presentó su renuncia irrevocable al cargo en rechazo a esa determinación.

El exjefe guerrillero lleva más de un año en prisión y es acusado de supuestamente enviar cocaína a Estados Unidos, pese a ello, la JEP ordenó su libertad inmediata.

El exjefe guerrillero deberá ser juzgado en Colombia y la JEP debe determinar si los hechos por lo que fue solicitado por la justicia de Estados Unidos fueron cometidos antes o después de la firma del acuerdo de paz.
Sin embargo, esto no cayó nada bien al fiscal, quien en su carta dice: “En el futuro la reincidencia en el secuestro y la extorsión, entre otros delitos, podrá convivir con los privilegios de la justicia transicional; en adelante los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria y se juzgarán por la JEP con un sistema de beneficios, pese a que el colectivo social está amenazado como nunca por el cultivo y tráfico ilícito de drogas; las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron emasculadas y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición. ¡Todo esto en nombre de la paz!”.

Aseguró que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por Estados Unidos y por la Fiscalía, haciendo trizas la cooperación judicial internacional. “Desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia; confronta abiertamente la Constitución Política (art. 19, A.L. No. 1 de 2017) y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico, cuya promiscua relación constituye una amenaza para la democracia”.

SANDRA SANTIAGO B. / EL PILÓN
[email protected]