Por: Imelda Daza Cotes
Algunas de las definiciones acuñadas para el vocablo REGALÍA se corresponden con su etimología. La palabra proviene del latín regalis, regio. El diccionario de la Real Academia Española trae significados como: “Privilegio o excepción privativa que alguien tiene en cualquier línea” ó “Regalo, dádiva”. Desde el punto económico la define como “Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo”. Es decir, es una tasa, un impuesto a cargo de quien usufructúa un derecho, pero no comprende el pago de ningún producto. Según esto, la regalía compensa el derecho a utilizar, usar, disfrutar, usufructuar un bien de propiedad del Estado o de la comunidad, más no a apropiarse de él. Puede tratarse del uso de un puente, de un carreteable, de canales de riego, etc.
Ajustadas a la explotación de recursos naturales, las regalías se definen como la contraprestación o compensación económica que se paga al Estado por la explotación de un recurso no renovable que es de su propiedad y está situado en su jurisdicción. Según esto, el beneficiario de la concesión paga por el derecho a explotar un área, más no por el producto extraído de la tierra, ese es gratis, se regala. Es evidente que las acepciones están conceptuadas como prebendas, privilegios, prerrogativas o dádivas, y mucho de eso hay en la práctica. Los estados suelen otorgar derechos a empresas que explotan los recursos naturales y se apropian gratuitamente del producto resultante. Al carbón, al crudo, al gas, en sí no se les asigna un valor económico sino que se les da el tratamiento de “bienes libres” como al aire, los vientos, la luz del sol; es como si existieran en cantidades ilimitadas y se renovaran permanentemente.
Los recursos minerales son bienes naturales, no han sido producidos por el hombre, son parte de la dotación de la naturaleza, pero son útiles, son escasos y no son renovables, de ahí su gran valía. Sin embargo, en la práctica no se les asigna un valor económico propio y tal vez por eso se regalan, muchas veces a empresarios extranjeros. A cambio de tanto, el Estado y las entidades territoriales perciben un resarcimiento, una compensación, una cierta recompensa por la riqueza usurpada. El Estado sólo tiene una módica participación fiscal en la renta minera. Las regalías son impuestos “ad valórem” que se calculan sobre el valor de los minerales vendidos a precios internacionales, en los cuales el país tiene poca o ninguna capacidad para incidir.
Pero aún así, si las regalías directas que van a los departamentos y municipios productores, y las indirectas que van a los no productores, se utilizaran adecuadamente, alcanzarían para reponer el impacto (léase, gravísimo daño) ambiental que ocasionan las explotaciones mineras. No más.
La economía deberá contentarse con el efecto dinamizador -aunque distorsionado a veces- sobre el empleo y sobre la demanda interna. Las primeras actividades que suelen surgir alrededor de las explotaciones mineras son los lenocinios, cantinas, casas de juegos, junto a una que otra tienda o pequeños talleres que prestan servicios indispensables. La explotación minera ha beneficiado a unos pocos, pero va dejando una estela de males mayores, algunos irreparables: contaminación ambiental, enfermedades y mucha descomposición social.
Después de varias décadas de actividad minera en el Cesar y La Guajira, los beneficios en materia de salud, educación, mejor equipamiento, bienestar, calidad de vida, son demasiado modestos o nulos.
¿Qué ha pasado con los recursos públicos derivados de la minería? Según innumerables denuncias públicas y del mismo gobierno central, parece que buena parte de las regalías ha ido a parar a los bolsillos de los encargados de administrarlas. Es la corrupción a la orden del día, con un agravante: la permisividad ciudadana. No hay CENSURA SOCIAL frente al enriquecimiento ilícito ni frente a la ostentación de los sorpresivamente “nuevos ricos”. Se ha perdido así el MÁS EFICAZ instrumento de lucha contra la inmoralidad y la corrupción. Estos males se banalizaron. La gente del común se alza de hombros, en ademán de tolerancia, cuando los percibe. Por eso ahora, cuando el gobierno pretende arrebatarle las regalías y las compensaciones a los entes territoriales para resolver el déficit fiscal heredado, los ciudadanos corrientes no parecen inmutarse ni responden a los llamados a protestar. Muchos columnistas, analistas y dirigentes esgrimen razones de peso y validez contra el proyecto gubernamental, pero no conmueven ni convocan. ¿Qué importa si los pillos son del centro o de la periferia? Da igual. El pueblo llano y simple seguirá en las mismas.
