En Colombia existe un jefe institucional de la policía, que en el ámbito nacional es, por supuesto, el presidente de la República, primer responsable de Orden Público de la Nación.

En lo territorial es el alcalde, pero los gobernadores son guardianes delegados del Presidente en la conservación del orden y la tranquilidad ciudadana. No es sorprendente que los gobernadores al unísono estén reclamando por mayor seguridad al Gobierno central: al presidente y sus ministros relacionados, Interior, Defensa y Justicia.

¿Hasta dónde llega la seguridad nacional? ¿Acaso no se materializa en los territorios? Si bien los jefes de policía de la circunscripción municipal son los alcaldes, nadie debe dudarlo: la responsabilidad directa y operacional es de una institución de carácter nacional como la Policía. La principal queja de los alcaldes es que no hay suficiente pie de fuerza. Y esas unidades las determina y administra la Nación. En el caso de la Policía Metropolitana gran parte de su puesta en operación, prácticamente toda, depende del Gobierno central.

Por múltiples razones la inseguridad se ha disparado en las ciudades y parece haberse vuelto exponencial después de la pandemia del covid. El desempleo, la salud mental, el problema familiar. El Estado no la ha combatido con eficacia. Ni el aparato de coerción que es la policía, ni el de investigación y juzgamiento, fiscales, policía judicial y jueces, son suficientes en número y resultados; tampoco los sitios de reclusión y menos aún los equipos tecnológicos y logísticos para detenerla. Un fiscal atiende y dirige más de 1000 investigaciones. La ciudadanía vive temerosa, resistiéndose a hacer engorrosas denuncias .

Hay otras dos variantes: que muchos prefieren callar y someterse a la delincuencia para sobrevivir y obtener protección, y convertir una extorsión, inicialmente forzosa, en consensuada colaboración. La otra, que más ciudadanos han optado por armarse y ejercer su derecho legítimo de defensa. Una modalidad: cuando residentes deciden linchar a un delincuente, argumentando la omisión estatal.

Hemos recomendado, con todo y a pesar de todo, que el alcalde haga diaria la reunión de seguridad como una práctica ineludible. Ahí deben estar la fuerza pública, la Fiscalía y cierta representación judicial. Gremios como el del comercio siempre ayudarán. Que delegar todo en el secretario de Gobierno no es lo mejor en estas circunstancias. Que pedir cambios de altos mandos policiales en el territorio ya está agotado y es mejor trabajar con ellos, diseñar estrategias y ponerlas en práctica -hay unas nacionales como el Plan 360, recientemente comentado por nosotros-, y otras de carácter local, específicas en barrios y zonas calientes.
Tener en cuenta que el tema es multicausal pero igual requiere soluciones integrales. Cosas como la iluminación, el espacio público, la movilidad, la educación y el orden, la recreación deportiva,
la eliminación de basuras, la limpieza y la estética y elementos simbólicos y emocionales también contribuyen a la seguridad. No solo se trata de ver policías o, ahora, soldados, en las calles.