La Procuraduría General argumentó que reducía la sanción en contra del excontralor por conceptos de gradualidad, ya que nunca había sido investigado, ni sancionado.
El ente de control aseguró que el disciplinado salió del país entre el 27 de diciembre de 2016 y el 7 de enero de 2017, “sin justificación alguna, y sin contar con el permiso del Concejo Municipal de Valledupar”.
