Por: SANDRA SANTIAGO B. / EL PILÓN
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Al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, la Procuraduría General de la Nación lo incluyó en la lista de 28 alcaldes a los que les abrió indagación por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.

El procurador Fernando Carrillo Flórez, en la instalación del encuentro sobre la situación carcelaria y derecho a la salud en Antioquia, junto con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, advirtió que el origen de este proceso es la negligencia extrema de los mandatarios para atender la “gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada”.

“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto”.

En el listado están las alcaldías de Valledupar, Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali.

“La indagación disciplinaria supone el inicio de un proceso para demostrar que somos serios y que además acatamos las órdenes de la Corte Constitucional en esa materia. Estos ya no son simplemente pactos de caballeros, que muchos firmaron y que no se han cumplido. Entonces ante la imposibilidad de hacerlo estamos iniciando una actuación para demostrar que las posibilidades de poner en marcha medidas de carácter disciplinario están sobre la mesa, sino se llega a cumplir con esos mandatos y esas obligaciones de carácter legal que tienen los alcaldes con la política penitenciaria y carcelaria de Colombia”, aseguró Carrillo Florez y lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta situación.

“Aquí estamos enfrentados a una gran tragedia donde pareciera que nadie está haciendo nada, una gran tragedia donde la política pública a nivel nacional no funciona, una gran tragedia que está hoy sobre la mesa. Miren lo que está consagrado en Plan Nacional de Desarrollo en esa materia, para darse cuenta que lo que estamos haciendo es más de lo mismo y no tratando de romper unos esquemas para afrontar con seriedad lo que debe ser una política penitenciaria hacia el futuro”.

El jefe del Ministerio Público condenó la falta de acciones para poner en marcha planes de resocialización y el escaso o casi nulo trabajo alrededor de la justicia restaurativa, donde el ente de control está liderando algunas acciones.

Sin embargo, en el caso de Valledupar uno de los que más ha reclamado por la situación de hacinamiento que vive la Cárcel Judicial es el alcalde Augusto Ramírez Uhía, quien en la visita que realizó a la ciudad en febrero pasado la ministra de Defensa, Gloria Borrero, sentó su voz de protesta y manifestó estar en desacuerdo en que hayan recursos para hacerle mantenimiento a la Penitenciaria, pero no para la Judicial donde hay un alto hacinamiento.

En esa oportunidad dijo que a Valledupar lo engañaron, porque entregó un lote para la reubicación de la Judicial y lo que hicieron fue construir la Penitenciaria. “Nosotros le exigimos al Gobierno Nacional recursos para reubicar la Cárcel Judicial, una cárcel que la tenemos en más de un 300 % en hacinamiento, es una cárcel para 256 internos y hoy la tenemos con 1.102, con problemas de insalubridad, con problemas de varicela. Nosotros le estamos solicitando al Gobierno que se garanticen unos recursos para poder trasladarla del barrio Dangond a otro lugar, y además de eso le estamos diciendo al Inpec que Valledupar no es la cloaca del Inpec, no podemos permitir que sigan mandando todos los internos de alto perfil a la Penitenciaria, creo que es importante que se entienda cual es la realidad de la ciudad, es una ciudad que se está perfilando como destino turístico, cultural y ecológico, y en nada conviene que sigamos teniendo todos estos altos perfiles que capturan en toda las ciudades de Colombia y ese es el llamado de atención que estamos haciendo”, dijo el mandatario en esa oportunidad indignado por la situación de ese reclusorio.

Días después a la visita, en un comité de seguimiento carcelario convocado por la Procuraduría, reiteró que el problema de Valledupar no se corrige con pañitos de agua tibia: “No es trasladando a 200 o 400 internos, que de seguro mañana se suplen esos cupos porque se siguen capturando en los diferentes barrios de la ciudad y seguimos recibiendo internos en diferentes municipios”, afirmó el mandatario en esa oportunidad.