El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que desde el Ministerio Público va a tratar de ponerle freno a la masiva excarcelación de agresores sexuales que se está presentando con la entrada en vigencia de la Ley 1786 o de Racionalización de la Detención Preventiva.

El jefe del Ministerio Público aseguró que esta situación representa una amenaza para la sociedad y llamó la atención a los jueces para que detengan este fenómeno.

Carrillo Flórez anunció que dará instrucciones a todos los procuradores judiciales penales para que soliciten a los jueces y la Fiscalía que tomen las medidas necesarias para evitar que abusadores sexuales queden en libertad.

Recordó que, de acuerdo con el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en los casos de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes, la única medida de aseguramiento jurídicamente viable es la detención preventiva.

Carrillo Flórez calificó de grave que una tercera parte de las excarcelaciones en el país por la aplicación de la Ley 1786 corresponda a agresores sexuales, cuyos delitos afectan gravemente la integridad física y psicológica de las víctimas, como el tejido social.

De las 360 solicitudes de libertad decretadas del 01 de julio a la fecha, 120 corresponden a delitos sexuales según la información estadística reportada por las direcciones seccionales de la Fiscalía General de la Nación.

“Tenemos una gran preocupación porque estamos convencidos de que la solución para descongestionar las cárceles del país, en términos de consistencia de la política criminal, no está en dejar en libertad a quienes han sido abusadores y violadores sexuales”, advirtió.

Por su parte, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, lamentó que después de la lucha que se dio con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia para que no haya beneficios a los abusadores sexuales, “10 años después encontramos leyes en política criminal que generan que abusadores sexuales estén en las calles”.

Así mismo, hizo un llamado al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para que definan un plan de acción, previsto en la misma ley, y se dé respuesta al clamor de justicia, reparación y no repetición que exigen las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.

Finalmente, el procurador general advirtió que la entidad mantendrá la misma línea que se ha tenido frente a casos como el de la periodista Jineth Bedoya Lima con el apoyo a todas las víctimas de violencia sexual.