No pasaron dos semanas desde su conformación para que quedara claro que las relaciones entre la nueva mayoría del Concejo de Valledupar y la Alcaldía no serían las mismas que las del primer año.

 El alcalde Mello Castro ya no tiene el apoyo fiel e incondicional del Concejo, lo cual quedó demostrado en el tiempo que ha tardado aprobar el proyecto que pretendía extender la autorización al mandatario para celebrar contratos.

Y es que desde el pasado 30 de junio, prácticamente la Alcaldía está funcionando a ‘medias’ porque expiró el plazo de 6 meses que dio el Concejo de Valledupar, a través del Acuerdo 012 de 2020, para que el alcalde pudiera celebrar convenios administrativos, procesos de selección y celebración de contratos. Por eso, durante los primeros 7 días de julio no se han contratado, por ejemplo, servicios generales, encuestadores del Sisbén, personal prestador de servicio de las sectoriales u obras como la construcción del puente del barrio Villa Taxi.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El pasado 21 de junio la Alcaldía de Valledupar presentó el proyecto para modificar el articulado del acuerdo y extender por otros 6 meses la autorización. El primer debate se dio el pasado 28 de junio. Ese día se aprobó con unanimidad. No obstante, a partir del 2 de julio se ha ido excluyendo del orden del día el segundo debate del proyecto. ¿Por qué? Ambas partes se tiran la papa caliente.

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 El concejal Jorge Pérez señaló que desde la administración no han dado claridad a dos preguntas que se les remitieron. “Yo quiero aclarar que los concejales no nos estamos negando a darle la facultad al alcalde. Nosotros el 2 de julio elevamos un requerimiento formal para que nos informaran cómo avanza la ejecución presupuestal del municipio y cómo avanza el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo”, señaló el corporado.

Ya la Secretaría de Hacienda, el martes en la noche, dio respuesta a las dudas de los concejales. Estaría pendiente la respuesta de la Oficina de Planeación. 

Del otro lado, el presidente de la corporación, Manuel Gutiérrez, cree que se está torpedeando la aprobación. “La información que los concejales solicitaron nada tiene que ver con el trámite que se le debe dar a este proyecto, toda vez que aquí estamos entregando unas facultades para los futuros contratos. Los que ya se firmaron pueden ser objeto de control político, pero no tenerlos como pretexto para torpedear este proyecto de acuerdo”, señaló Gutiérrez. 

Desde hace 8 años, con el acuerdo 008 del 2013, los alcaldes del municipio deben acudir al Concejo de Valledupar, cada cierto plazo, para pedir  autorización para poder contratar. En diciembre del año pasado se aprobó una autorización por 6 meses, la cual expiró el 30 de junio. En este caso se estudiaría la posibilidad de aprobar 4 o 3 meses. 

“Dejé claro que iba a apoyar el proyecto pero que era necesario hacer un requerimiento que va acorde con las facultades para contratar. Requerimos a la administración: comportamiento de la ejecución presupuestal 2020 y 2021 hasta la fecha y qué metas del Plan de Desarrollo han impactado positivamente las ejecuciones presupuestales”, indicó por su lado el concejal Wilber Hinojosa. 

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Lo cierto es que urge que ambas partes lleguen a un acuerdo y se apruebe la autorización para contratar porque saliendo de una crisis como la pandemia del covid-19 lo último que se espera es no poder movilizar las inversiones locales. 

OTRA PROPUESTA

Este jueves, a las 4:00 de la tarde, cuando se abra una nueva sesión del periodo ordinario, el concejal Jorge Pérez presentará una propuesta, la cual consiste en que además de las autorizaciones que debe pedir el alcalde de turno, también deban pasar por el Concejo los proyectos estratégicos que tengan una inversión superior a los 5.000 salarios mínimos mensuales. 

“La ley nos permite aprobar que el alcalde deba solicitar la autorización del Concejo para desarrollar proyectos de gran impacto. El Concejo debe realizar el control político”, concluyó Pérez. Sin duda, dicho proyecto generará polémica por el poder que le otorgaría al Concejo. 

Lo cierto es que urge que ambas partes lleguen a un acuerdo y se apruebe la autorización para contratar porque saliendo de una crisis como la pandemia del covid-19 lo último que se espera es no poder movilizar las inversiones locales.

Por: Redacción EL PILÓN