El orden social en nuestro país se ha descompuesto a tal dimensión de injusticia y corrupción, que ya es imposible contrarrestarlo. No es pesimismo ni negativismo, sino la realidad monda y lironda. Por lo mismo, los servidores públicos en nuestro país se extralimitan en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia; por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, personaje que en nuestra sociedad no pasa de moda, prefiere ser senador, porque si se dedica a ocupaciones diferentes a la política, sería  menoscabar su influencia sobre los partidarios de su idiosincrasia.

Aunque Colombia es un país privilegiado con muchos recursos naturales, sus habitantes (léase gobernantes y empresarios)  no los han explotado adecuadamente, además la mayoría de los recursos  naturales, por conveniencias particulares los conceden a inversionistas extranjeros, que si bien requieren mano de obra nacional, su producción es mucho más lucrativa para los inversionistas, quienes la disfrutan  en sus respectivas regiones, dejando nuestro ecosistema deteriorado y a muchos de sus extrabajadores padeciendo enfermedades de origen laboral.

Retomando el título de esta columna, que no es más que una de las tantas protestas ante la compleja situación obstaculizadora del logro de una mejor convivencia con prosperidad general, a claras luces incontrovertible.
Mientras que en nuestro país prevalezca la injusticia, la irresponsabilidad y la corrupción, reitero, es imposible actuar conservando los principios y valores morales pregonados en las diferentes deontologías en procura de la salvaguarda  del buen comportamiento humano, que en nuestro país lo distorsionan un sinfín de causas, entre las cuales tenemos el narcotráfico, uno de nuestros grandes flagelos, ya que es una de las principales locomotoras de la economía nacional. Aunque decirlo provoque rabia, antepongo la verdad porque es imperativa.

Otro verdugo en nuestro país es el sistema de salud, cuyo pilar es la Ley 100 de 1993, a la que poca o ninguna mella le ha generado la Ley Estatutaria 1751 de 2015, mediante la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, como la garantía de la autonomía de los profesionales de la salud, con relación al diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Que al respecto, en uno de los parágrafos de la Ley Estatutaria en Salud, se prohíbe la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dadivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio laboral, sean estas en dinero o en especie por parte de proveedores; empresas farmacéuticas, productoras, distribuidoras o comercializadoras de medicamentos o de insumos, dispositivos y/o equipos médicos o similares. Este desatino con el propósito de disminuir la corrupción en la atención de los enfermos.

En contraste, los profesionales de la salud, para alcanzar a ganar un salario decoroso les toca trabajar en  varios sitios por prestación de servicios sin prestaciones sociales, sin derecho a vacaciones remuneradas, además las EPS y las IPS les pagan los honorarios retrasados, a veces hasta con más de un año de tardanza.