El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, lanzó una alerta urgente sobre el riesgo de extinción física y cultural que enfrentan los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, una región que abarca los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar. Tras una visita realizada los días 13 y 14 de mayo, Campbell, representante en Colombia del organismo internacional, advirtió: “El riesgo de extinción física y cultural de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta es real. Es una tragedia que podemos y debemos prevenir”.

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Recientemente, el medio de comunicación Vorágine documentó sobre el aumento de denuncias alrededor de la presencia de grupos armados ilegales como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que  intensifican el control territorial, generando desplazamientos forzados, amenazas, violencia sexual y asesinatos, lo que ha provocado una emergencia humanitaria para las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.

Violencia territorial y amenazas en aumento

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado desde 2022 un incremento sostenido de la violencia territorial en la Sierra Nevada, impulsada por la disputa de control entre grupos armados no estatales sobre rutas del narcotráfico y actividades ilícitas. Esta situación afecta gravemente los derechos de los pueblos indígenas, así como de comunidades afrodescendientes y campesinas en la región, incluyendo zonas del Cesar.

“El Estado ha sido, lamentablemente, insuficiente en su respuesta”, señaló Campbell, quien hizo un llamado a los gobiernos nacional, departamental y local a tomar “medidas urgentes y coordinadas para proteger a los cinco Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta: Kogui, Wiwa, Arhuako, Kankuamo y Ette Naka”.

Impacto directo en el Cesar

El Cesar, como parte de la Sierra Nevada, se ve directamente afectado por esta crisis. En lo que va de 2025, la ONU ha recibido cinco denuncias de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, además de documentar una masacre en La Guajira. El control de los grupos armados no estatales se manifiesta en restricciones a la movilidad, toques de queda y la imposición de normas de convivencia, lo que limita la vida cotidiana y la autonomía de las comunidades indígenas y campesinas.

Particular preocupación genera la situación de las mujeres y niñas indígenas, quienes enfrentan “grandes dificultades para acceder a la justicia y para contar con mecanismos de protección debido a su situación de vulnerabilidad, pobreza, barreras lingüísticas y amenazas”, según el comunicado de la ONU. Campbell relató: “Las mujeres indígenas de los Pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta nos dieron un testimonio valiente y angustioso… nos urgieron pedir al Estado que garantice sus derechos colectivos, simplemente, para seguir existiendo como Pueblos Indígenas”.

En 2024, la ONU documentó el desplazamiento forzado de al menos 600 indígenas del pueblo Wiwa. Además, se reporta el reclutamiento forzado de jóvenes afrodescendientes y campesinos, así como el uso de niños y adolescentes para actividades ilícitas, una problemática que afecta también a comunidades rurales del Cesar.

Llamado a la acción y esfuerzos institucionales

Durante la visita, la delegación internacional reconoció los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación y la coordinación entre las direcciones seccionales de Cesar, La Guajira y Magdalena para priorizar casos y combatir la impunidad. Sin embargo, la ONU insiste en la necesidad de fortalecer la justicia transicional y la restitución de tierras, así como de adoptar medidas preventivas y de protección conjuntas para toda la población de la Sierra Nevada, con énfasis en los pueblos indígenas.

“Luego de mi tercera visita de terreno a zonas afectadas por el conflicto armado llamo al Estado a tomar medidas más eficaces para proteger a los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta… el Estado colombiano debe hacerlo y nuestra Oficina espera continuar apoyando los esfuerzos del Estado, de los pueblos indígenas y de la sociedad civil para lograrlo”, concluyó Campbell.

La situación en la Sierra Nevada Corazón del Mundo, y particularmente en el Cesar, exige respuestas inmediatas y coordinadas para evitar una tragedia anunciada y garantizar la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades vulnerables de la región.

Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN