Una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y debe permanecer en libertad salvo que la atrocidad del delito o la evidente peligrosidad del sujeto indiciado señalen lo contrario.

Los sistemas de justicia son complejos y ello porque valorar la conducta humana es de lo más complicado que existe. Fácil es decir 2 más 2 son 4, pero en el mundo del derecho eso no funciona así porque el centro de él es lo que se llama un “deber ser” y entonces nos damos cuenta que lo que debiera ser no es una fotocopia del original, no es soplar y hacer botellas.
Hacer coincidir los hechos con la norma es un trabajo delicado y por ello el sistema más ágil de justicia, que es el que vemos en las películas norteamericanas y se ve así de chévere porque lo que impera y facilita todo es la aceptación de los cargos que en esa trama corresponde a infracciones menores.

Nuestro sistema penal fue copiado, mal copiado, del imperante en Estados Unidos, porque allá sí se respeta la presunción de inocencia y una captura o privación de la libertad está sustentada en pruebas muy firmes y no como entre nosotros en los que actos preventivos de privación de la libertad han producido una gran cantidad de demandas en contra de la nación, que alarman al actual fiscal general y que le van a salir muy caros al erario.

Por ello me gustó sobremanera el anuncio hecho por este alto funcionario con respecto a las instrucciones impartidas a sus agentes sobre la no privación de la libertad, como principio general, a personas legalmente inocentes, entendiéndose que todos los somos hasta que por una sentencia en firme, es decir aquella que no admite más recursos, somos declarados culpables. La libertad debe ser la regla y lo otro, la cárcel, la excepción.
Ese asunto y otros muchos más de rango constitucional no son muy respetados en nuestro país y muchos menos con una justicia tremendamente influida por los medios de comunicación que sentencian a priori aunque abusen para evitar consecuencias legales del término “presunto.” El señalamiento de posible o factible infractor va acompañado de conjeturas que traicionan el principio de inocencia. Así no es.

Es así que va por muy buen camino el jefe del ente acusador y ojalá pueda reorientar esas acciones que no solo parecen sino que son altamente inconvenientes. Tenemos las cárceles llenas de no condenados que bien podrían concurrir a su juzgamiento en libertad. A eso no hay que tenerle miedo, como tampoco ser lo duro que se deba en la imposición de una pena.

Señaló que el país debe repensar la proporcionalidad de las medidas de aseguramiento y no imponer a los fiscales una camisa de fuerza sobre las medidas que pueden pedir a los jueces. Eso expresó el fiscal y resume muy claramente lo que urge hacer. Le sirve al principio constitucional de presunción de inocencia y le sirve a las finanzas de un Estado pobre y atacado por el virus más feroz en las últimas décadas.