El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar ordenó a las alcaldías de Valledupar y El Paso poner en funcionamiento, en un plazo improrrogable de tres meses, el acueducto regional del sur, construido para abastecer de agua potable a los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro, Guaymaral y El Vallito, pero que hoy no presta el servicio en condiciones de potabilidad ni continuidad.
La decisión se profirió en primera instancia dentro de una acción popular presentada por el abogado Álvaro Luis Castilla Fragozo contra el departamento del Cesar y los municipios de Valledupar y El Paso. El juez amparó derechos colectivos como la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos en condiciones de eficiencia y calidad, el derecho al agua potable y el goce de un ambiente sano.
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Según la sentencia, aunque existen bocatoma, planta de tratamiento y redes construidas, las comunidades siguen recibiendo agua cruda, sin tratamiento adecuado, y el sistema carece de operación regular, personal técnico estable y mantenimiento preventivo. Un informe de la Secretaría de Salud de Valledupar concluyó que las muestras de agua analizadas en los cinco corregimientos no cumplen las normas para ser considerada potable.
El fallo también advierte que, pese a que Los Venados fue incluido como beneficiario en el proyecto, en la práctica el corregimiento no quedó plenamente integrado al esquema de distribución y continúa dependiendo de una red antigua, con deficiencias y problemas de capacidad frente al crecimiento poblacional.
Una obra contratada hace más de una década
El acueducto regional para esos corregimientos fue contratado por la Gobernación del Cesar en 2013, financiado con recursos de regalías, con una inversión que supera los $9.000 millones de pesos entre obra e intervenciones posteriores para su puesta en marcha y fortalecimiento institucional. A pesar de anuncios oficiales sobre su entrada en operación, el proceso judicial documenta que las comunidades no han recibido de manera efectiva el servicio de agua potable.
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En el expediente reposan actas y convenios que detallan los compromisos del departamento y de los municipios para garantizar la operación del sistema, incluida la participación de Empresas de Servicios Públicos como Emdupar. No obstante, el juez concluye que no se consolidó una estructura administrativa, financiera y técnica que asegure la prestación continua del servicio en los cinco corregimientos.
Las órdenes del juez
En la parte resolutiva, el despacho ordena a los alcaldes de Valledupar y El Paso adelantar, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria del fallo, todas las gestiones administrativas, presupuestales, precontractuales y técnicas necesarias para poner al servicio el acueducto regional y garantizar el suministro permanente de agua potable a Caracolí, Los Venados, El Perro, Guaymaral y El Vallito.
La sentencia dispone además la creación de un comité de verificación del cumplimiento, integrado por el actor popular, el gobernador del Cesar, los alcaldes de Valledupar y El Paso, la Defensoría del Pueblo, los presidentes de las juntas de acción comunal de los cinco corregimientos y un procurador judicial regional, que deberá remitir informes trimestrales al juzgado.
Finalmente, el juez ordena compulsar copias a los organismos de control disciplinario, fiscal y penal para que examinen la ejecución de los recursos destinados al acueducto regional y determinen si hay responsabilidades derivadas del manejo de la obra y de la no prestación del servicio en las condiciones previstas.
