El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar ordenó a las alcaldías de Valledupar y El Paso poner en funcionamiento, en un plazo improrrogable de tres meses, el acueducto regional del sur, construido para abastecer de agua potable a los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro, Guaymaral y El Vallito, pero que hoy no presta el servicio en condiciones de potabilidad ni continuidad.
La decisión se profirió en primera instancia dentro de una acción popular presentada por el abogado Álvaro Luis Castilla Fragozo contra el departamento del Cesar y los municipios de Valledupar y El Paso. El juez amparó derechos colectivos como la moralidad administrativa, el acceso a los servicios públicos en condiciones de eficiencia y calidad, el derecho al agua potable y el goce de un ambiente sano.
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Según la sentencia, aunque existen bocatoma, planta de tratamiento y redes construidas, las comunidades siguen recibiendo agua cruda, sin tratamiento adecuado, y el sistema carece de operación regular, personal técnico estable y mantenimiento preventivo. Un informe de la Secretaría de Salud de Valledupar concluyó que las muestras de agua analizadas en los cinco corregimientos no cumplen las normas para ser considerada potable.
