Los cuatro policías(r) señalados de presuntamente permitir actos de prostitución, fiestas clandestinas, ingreso de licor, entre otras irregularidades, al interior de las celdas de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía ubicada en Valledupar, solicitaron mediante la defensa ser juzgados por la justicia penal militar. 

La petición inicialmente la hizo el abogado José Luis Castro Machuca, defensor de Sergio Antonio Mendoza, en el marco de una audiencia de acusación que no se pudo llevar a cabo ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito con función de Conocimiento de la capital del Cesar.  

El jurista alegó que los hechos relatados en el escrito de acusación por la Fiscalía 5 seccional no eran de competencia de un juez penal del circuito, sino de uno de la justicia militar porque encuadran en el desarrollo del servicio de los procesados como integrantes de la fuerza pública. 

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“Es sabido que el fuero militar tradicionalmente se ha concebido como la institución que conoce los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en cumplimiento de la misión que la constitución les ha asignado, atendiendo la especialidad que reviste la labor de servidores públicos”, afirmó Castro Machuca, quien advirtió que de no ser así sería inminente una impugnación. 

De prosperar la petición los beneficiarios serían los policías Sergio Antonio Mendoza Chiquillo, Ellelvis Luis Alarcón Riviera, Edwin Calderón Vargas y José Vicente Guerra Márquez, quienes están privados de la libertad en la Cárcel Judicial. 

Al respecto, el juez segundo penal del circuito, Leonel Romero Ramírez, remitió el proceso a un juzgado especializado al considerar que no tenía facultades para conocer del caso con motivo a que uno de los delitos a endilgar era tortura. 

“En esas condiciones este juzgado se declara incompetente para conocer del asunto y remitirá la actuación al juez penal del circuito especializado que por reparto corresponda, para que sea este el funcionario quien resuelva la propuesta de los defensores si el asunto es de competencia de la justicia ordinario o militar”, acotó Romero Ramírez. 

Según la investigación, los hechos sucedieron entre enero y noviembre del 2020. Los uniformados, quienes ejercían funciones de custodios de los internos, presuntamente se concertaban para exigirles sumas de dinero a los internos a cambio de permitirles tener comodidades, sexo y fiestas. 

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 Las relaciones sexuales aparentemente eran entre los hombres y mujeres detenidos, o permitían el ingreso de otras personas haciéndolos pasar como abogados de los reclusos. Además, ingresaban celulares de alta gama y licor para la realización de fiestas privadas en la sala de audiencias.  

Las irregularidades habrían sido confirmadas por los mismos privados de la libertad, entre esos uno que denunció haber sido víctima de tortura por un compañero de celda con la venia de los policías. 

Así las cosas, los entonces funcionarios fueron capturados por el CTI de la Fiscalía a finales del 2020 y otro a inicios del presente año.