En un hecho sin precedentes en el quehacer universitario de la región, la Asamblea de Docentes y el Colectivo por la Dignidad Académica -Codiac- de la Universidad Popular del Cesar le solicitaron la renuncia al vicerrector Administrativo, Álvaro Luis Castilla Fragoso, al resumir que el funcionario está torpedeando los trámites para el pago de emolumentos a los docentes. 

La sola observación de los estamentos universitarios de estudiantes, docentes, egresados y administrativos es sumamente delicada y perturba mucho más la intranquilidad que se vive en la UPC, hoy sumida en un cese de actividades –con mesas de trabajo- para reclamar algunos derechos al pago de los docentes.

La novedosa petición de renuncia, aclamada por los estamentos, contiene serios llamados de atención para la clase administrativa y directivos de la UPC. Incluso, se le exigió al rector que intervenga cuanto antes y ordene a su subalterno de la vicerrectoría administrativa que de tramite a los documentos que están trabados en dicha oficina. “¿Quién es el ordenador del gasto en la Universidad Popular el Cesar?, ¿quién es el rector?”, se preguntaban los asambleístas.  

En la reunión estuvo presente Robert Romero Ramírez quien el pasado 8 de abril fue designado Rector por el Consejo Superior Universitario (CSU), para el periodo 2022 – 2026. 

Romero Ramírez intervino y aclaró que “yo vine a la asamblea en calidad de profesor catedrático que ostento en la actualidad y consciente que también estoy afectado por esta situación problemática que vivimos. Tengo 25 años de ser profesor. Soy consciente que la universidad tiene una deuda histórica con los profesores. Se ha priorizado más la construcción y no el bienestar de los docentes. Nunca se nos había dejado de pagar”, dijo.  

Sin embargo, se comprometió en dialogar con el rector encargado y pedirle pronta solución al problema.  Se aclara que el rector designado se posesionará el próximo 26 de abril. 

Otra inquietud que surgió en la asamblea fue que el Consejo Superior Universitario quite el encargo al actual rector y encargue al recién designado (Robert Romero). Sin embargo, dicha propuesta se tendría que someter a averiguación, para establecer su legalidad.  

Posteriormente, los manifestantes se declararon en Asamblea permanente y cese de actividades escalonado.

Ayer, dentro de la agenda, los manifestantes realizaron en la mañana un masivo viacrucis de la sede universitaria hasta la Gobernación y le exigieron al Gobernador agilizar los recursos que por Fedecesar deben conceder a la UPC. 

Igualmente, los estamentos marchistas reclamaron de manera enérgica, al Alcalde de Valledupar que reasigne cuanto antes los dineros que por el uno por ciento del presupuesto anual le corresponde a la UPC, pero que los alcaldes, cada año, se hacen los de los oídos sordos y ojos ciegos para tramitar esa transacción y entregarle el rubro a la universidad.

Los estudiantes sostienen que ese uno por ciento del presupuesto es una norma legal que cada alcalde debe cumplir y por eso lanzaron un llamado a la Procuraduría y Contraloría para que investigue a dónde van a para esos dineros que son exclusivos para la UPC.

“Tienen años de no girarle el uno por ciento a la UPC, tampoco hay un dato concreto a cuánto asciende lo dejado de girar a la universidad y nadie responde por ese dinero”, aseguró la docente Mayra Campo

Corresponde, entonces, al alcalde ordenar que sus funcionarios hagan los trámites para que dichos recursos lleguen a su destino.  Aquí todos deben comprometerse con la Universidad Popular del Cesar, al igual que el vicerrector administrativo quien tendrá que responder por lo que a él le compete. Hasta la próxima semana. [email protected]    @tiochiro.