Edwar Orozco Oñate, personero de Santa Marta, y Miguel Alzate, personero de Barranquilla, se anotaron un logro importantísimo en la lucha contra los abusos en el Caribe por las altas tarifas en el consumo del servicio de energía, una tortura que nos atormenta a todos sin que hasta el momento se definan ni responsables ni tampoco disposición para darle punto final a esta absurda forma de robarle a los usuarios.

Orozco y Alzate unidos presentaron una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico solicitando la reducción de las tarifas del servicio de energía eléctrica para la Región Caribe, no sólo para la ciudad donde se presentó el mecanismo constitucional, no solo para las ciudades donde laboran los accionantes, es para toda la región Caribe, lo que tiene un gran significado debido a que el Tribunal comprendió que la protección de los derechos colectivos debe extenderse a toda la población afectada por el incremento progresivo del cobro al consumo de ese bien público esencial.

Controversias van y vienen, protestas en distintos pueblos, bloqueos de vías se han presentado por cuenta del malestar por el cobro cada vez más costoso de las empresas de servicios públicos, congresista aprovechan esto para hacer política y hasta la propuesta de los gobernadores de crear otra cueva de corrupción como la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca) se escucharon; pero lo que realmente se necesitaba era una decisión judicial que ordenara al organismo competente a tomar cartas sobre el asunto de una vez por todas y es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la autoridad con las competencias para poder ajustar el marco normativo que ha generado una crisis económica en los hogares del caribe por cuenta de un servicio casi que imposible de sostener.

Este trabajo de los personeros Edwar Orozco y Miguel Alzate inició a mediados de 2022 con estudios profundos sobre el impacto negativo de estas tarifas en la región, su trabajo contó con conversaciones con la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien planteó el pacto de justicia tarifaria en el que se establecerían unas fechas para adoptar medidas frente al problema, pero no cumplió con ellas.

La Acción Popular busca la protección de los derechos colectivos, en especial, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna soportando sus argumentos en lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994, que establece que las tarifas pueden modificarse cuando se lesionen injustamente los intereses de los usuarios, mecanismo que ha sido respaldado por el Ministerio Público ante el Tribunal del Atlántico.

En estos momentos y por orden del Tribunal Administrativo del Atlántico la CREG tiene 10 días para desarrollar una audiencia pública en la ciudad de Barranquilla para estudiar el impacto económico y social en la Región Caribe con la expedición de las resoluciones 010 de 2020 y 78 del 2021, estas son las normas que ha desatado el alza constante del servicio de energía. Qué bien que se ordene a la CREG dar la cara en el caribe para que veamos quiénes son los que integran un organismo que disfruta de las comodidades burocráticas pero no brinda alternativas a las angustias de los ciudadanos en materia de servicios públicos.

También se ordena al Ministerio de Minas y Energía iniciar los trámites para que se expidan los actos administrativos que modifiquen esa estructura normativa con el objeto de reducir las tarifas del servicio de energía eléctrica para la Región Caribe dentro de los plazos definidos en la providencia.

Aunque aún se espera sentencia en la Acción Popular, las medidas ordenadas no son insignificantes, porque señalan medidas y plazos concretos para que se trabaje en procura de ajustar las tarifas del servicio de energía y desde ya debemos rodear a los personeros accionantes quienes encontraron la manera efectiva de sentar a la CREG, Ministerio de Minas y Empresas de Servicios Públicos para terminar con este abuso. Alcaldes, gobernadores, todos los personeros, veedores, organizaciones sociales, debemos unirnos y aprovechar esta oportunidad para acabar con un régimen tarifario que nos está arruinando mientras las autoridades que tienen en sus manos la solución siguen permitiendo el robo a los ciudadanos.

Carlos Andrés Añez Maestre