Con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la reforma a la Ley de Garantías que el Congreso de la República había aprobado en octubre de 2021, en teoría cambia el panorama de contratación oficial en lo que resta de la presente campaña presidencial.
Precisamente la modificación hecha por el Congreso era con el fin de permitir que durante todo este año y en plena época electoral, la Nación pudiera celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación. Pero no, sucede que ahora la Sala Plena le dio efectos retroactivos a su decisión a partir de la expedición de la ley y eso obliga a liquidar los convenios interadministrativos que se suscribieron mientras esta reforma estuvo vigente, un golpe duro para el bolsillo de un gran número de sectores que dependían de esas transacciones oficiales.
Independiente de quienes de manera puntual se vean afectados, el mensaje que envía la Corte Constitucional con esa decisión debería ser de optimismo frente al manejo transparente de los recursos del Estado en tiempos de campaña, en razón a que ese es el espíritu de la Ley de Garantías Electorales.
