Violencia, corrupción y proceso electoral

A pesar de tener Colombia una democracia con mucha tradición, una de las más viejas y sólidas de América Latina, la persistencia de muchos grupos violentos en el país, como la guerrilla, los paramilitares, narcotraficantes  y ahora la simbiosis de las bandas emergentes, hacen necesario insistir en todas las medidas posibles de seguridad para garantizar un proceso electoral tranquilo, transparente y sincero.
Hemos reiterado, en varias oportunidades, que a pesar de los avances logrados en materia de seguridad durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no se puede desconocer que en varios municipios, de distintos departamentos del país, incluyendo el Cesar y la Guajira, existen fuerzas extrañas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, y de otro tipo, con capacidad para generar perturbación en el proceso electoral.
En el caso del departamento del Cesar, hemos conocido de algunas amenazas a varios candidatos a alcaldías y concejos; y también hemos registrado las advertencias de los organismos del Estado y de veedurías ciudadanas sobre el riesgo de trashumancia electoral, entre otros delitos y prácticas irregulares.
Inclusive, varias dependencias del gobierno nacional manejan información de inteligencia que confirma movimientos extraños, de personas y dinero, situación que ha motivado a que el propio Ministerio del Interior y de Justicia, haya decidido poner en marcha, con la debida anticipación, una estrategia para buscar, de alguna manera, “blindar”, el proceso electoral que se avecina.
En este sentido, el gobierno ha reconocido en un evento privado con editores y directores de medios de distintas regiones del país, que esta vez no se trata de los planes ordinarios en materia de manejo del orden público, con miras al proceso electoral, sino que hay un cambio de estrategia, encaminada a prevenir el delito y las prácticas irregulares y disuadir, también, a quienes osan cometerlas.
En desarrollo de este plan, que está en su segunda fase, se ha dispuesto de un grupo de investigadores que realizarán indagaciones en 67 municipios del país, considerados como los de más alto riesgo.  Y a mediados de julio se espera que se conozcan casos concretos con judicialización de presuntos responsables. Esto representa un gran avance en comparación con anteriores campañas.
En la tercera fase se constatará con los partidos  y movimientos políticos sobre los casos concretos de amenazas, y de indicios de la acción de grupos ilegales que quieren tener una influencia en las elecciones para luego tener algún tipo de participación en el poder local.
En el caso del Departamento del Cesar, el estado colombiano, tanto las entidades del orden nacional, como departamental y municipal, la Policía, la Registraduría, la Procuraduría General  y todas las contralorías, deben estar alerta por tratarse de un departamento con un grupo de municipios que reciben millonarios recursos por concepto de regalías del carbón y – por lo tanto- son muchos los sectores, incluyendo a grupos armados ilegales, interesados en apropiarse de estos recursos públicos, como ha sucedido en anteriores administraciones.
Pero, volvemos a decirlo, toda esa estrategia tiene sentido y efectividad, si la ciudadanía, el elector tiene el valor civil de denunciar y comunicar a las autoridades esos delitos y posibles irregularidades, como la compra anticipada de votos, las amenazas, la movilización de gente, entre otras, para contribuir a lograr ese “blindaje de las elecciones”.  De todos, autoridades y ciudadanía, depende que podamos impedir que la violencia, la corrupción y el clientelismo vuelvan a tergiversar la voluntad popular.  No podemos permitir que se repitan esas páginas de nuestra historia reciente. Ese es el reto.