El estricto control que inició en agosto el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, y que fue extendido en septiembre otros tres meses, para evitar el contrabando de gasolina y alimentos, está dando sus resultados, especialmente en el tema del combustible que ingresa de manera ilegal al país a hacerle la competencia a las estaciones de servicio legales, que reiteradamente han dado a conocer su delicada situación financiera por las bajas ventas registradas.
El municipio de La Paz, que se convirtió en el epicentro del almacenamiento y redistribución de gasolina venezolana a otros puntos del Cesar y varios departamentos de la Costa Caribe, presenta hoy otro panorama porque los controles impiden el ingreso de combustible y el poco que queda o que logran traer, deben venderlo a precios exorbitante.
El galón de gasolina de contrabando que llegó incluso a vender a 3.800 pesos, se consigue hoy a 9.000 y 10 mil pesos, lo que no representa para los expendedores ningún negocio debido a que en las estaciones de servicio, el galón de gasolina corriente asciende a los 7.100 pesos.
