Una situación preocupante fue denunciada esta semana por el escritor y periodista, Gustavo Álvarez Gardeazabal, uno de los conductores del programa de la cadena radial Caracol, La Luciérnaga, en el sentido que algunos periodistas de ese espacio tenían pruebas de que algunos de sus teléfonos estaban siendo interceptados, chuzados como se dice popularmente por algunos agentes del Estado.
Es necesario que se investiguen a fondo esas denuncias, por cuanto se podría tratar de un grave caso de violación a la correspondencia de estos colegas y un atentado también contra la libertad de prensa, derecho cuya vulnerabilidad está a la orden del día. De ser cierta esas interceptaciones estaríamos entrando a un terreno pantanoso y peligroso que considerábamos cosa del pasado.
Las interceptaciones telefónicas hacen parte de Estados policías que buscan controlar a sus ciudadanos y afectar las libertades más elementales. Este tipo de operativos judiciales debe estar claramente reglamentado y no debe ser una práctica común por parte de las autoridades.
Sólo se justifica, en algunos y contados casos, la interceptación de teléfonos, según las normas establecidas, cuando se trata de delincuentes de alta peligrosidad y – siempre y cuando- ese instrumento sirva para evitar la comisión de algún delito, principalmente relacionado con la seguridad del Estado o para combatir a la delincuencia organizada.
Pero resulta totalmente reprochable que se estén interceptando a personas decentes y sobre las cuales no existe ninguna sospecha y mucho menos un requerimiento judicial. Igualmente reprochable resulta que los periodistas de cualquier medio de comunicación, bajo cualquier pretexto, sean objeto de este tipo de prácticas.
Es muy probable que la situación denunciada por los colegas de La Luciérnaga se esté presentando en otras zonas del país, incluyendo a la Costa Atlántica y en particular el Cesar y la Guajira. Ojalá que no sea así…
El caso denunciado por el destacado periodista y escritor merece la solidaridad de los gremios y de todos y cada uno de los periodistas del país.
Hoy volvemos a reiterar que Colombia tiene una amplia tradición de lucha a favor de la libertad de prensa, pero se trata de un derecho sobre el cual hay que estar atento todos los días y a toda hora, y este puede ser uno de esos casos.
Los periodistas que consideren que están padeciendo un caso similar a los de La Luciérnaga están en el deber de solicitar a las autoridades que se investigue y rechazar, de manera unánime, este tipo de prácticas propias de estados gendarmes que no debemos permitir que prosperen.
Somos solidarios con los colegas de Caracol Radio y desde esta región del país, nos unimos para solicitar al Ministro de Tecnologías de las Comunicaciones, Diego Molano, y al propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que se investigue este caso y se adopten de parte del alto gobierno directrices clara de rechazo a estas prácticas que, reiteramos, atentan contra la libertad de prensa que no es un derecho sólo de los periodistas sino un elemento fundamental del derecho a la información que tienen todos y cada uno de los colombianos.
