Nueve años después de que la Corte Constitucional declarara un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu, resulta difícil aceptar que el Estado colombiano todavía no sepa con certeza cuántos menores debe proteger.
Más difícil aún es constatar que persistan problemas tan elementales como la falta de agua potable, atención integral en salud, alimentación adecuada y servicios básicos.
El reciente informe conocido a partir de la inspección judicial realizada por la Corte Constitucional en comunidades de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia vuelve a poner sobre la mesa la realidad que viven comunidades cuyos sistemas de abastecimiento de agua no funcionan, familias que dependen de fuentes inseguras o de carrotanques y niños que, después de ser identificados con necesidades médicas, no reciben necesariamente el seguimiento y tratamiento que requieren.
