Riesgos, alarmas y transparencia electoral

El tema es recurrente y – de nuevo- tenemos que volver al mismo: los riesgos y amenazas que se tejen sobre nuestro sistema democrático, en vísperas de las elecciones territoriales del próximo 30 de octubre.
En primer lugar está el riesgo más grande que es la violencia; no es un secreto que de manera abierta o velada grupos armados ilegales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, y ahora las famosas bandas criminales, quieren ejercer poder de distinta manera en la contienda electoral.
En las actuales circunstancias, debe haber la mayor prevención y la máxima cautela por la seguridad de los candidatos, el primer golpe que estos grupos quisieran dar es a la vida de algunos de ellos, precisamente, para deslegitimar el proceso democrático que se desarrolla.
En segundo término, está el tema de la contratación pública. A pesar de las restricciones a la misma, mediante la famosa ley de garantías, lo que sucede es que se adelantan y se disparan estos procesos de contratación con el fin de favorecer a determinados candidatos y movimientos políticos, cercanos a los mandatarios de turno. En este sentido, debe haber mayores alertas, prevenciones y advertencias por parte de los organismos de control.
Otro tema trascendental es el de los avales y controles por parte de los mismos partidos. Es increíble, que aún hoy no se conozca con certeza los nombres de las personas que aparecen con antecedentes de carácter fiscal, penal y disciplinario. El gobierno solicitó una investigación a una Organización No Gubernamental que realizó un trabajo sobre el tema, pero este fue entregado y ahora reposa engavetado en el Ministerio del Interior y en los partidos políticos, pero no ha sido dado a conocer a los medios de comunicación. Como dice el adagio después que mataron al tigre, le salen huyendo al cuero…
En esta materia, hoy lo volvemos a reiterar, les ha faltado valor civil y responsabilidad a los partidos y movimientos políticos, que por intereses particulares, negociados y contratos, les dan avales a personas que tienen cuestionamientos legales y éticos. Los primeros interesados en depurar la política deberían ser los mismos partidos…
Pero es mucho pedirles. Por eso,  el resto de la sociedad civil es la que debe estar en máxima alerta. De allí la importancia de la tarea que adelanta, la Misión de Observación Electoral, que ha incluido al departamento del Cesar, y también a la Guajira, entre aquellos que tienen un riesgo entre extremo y medio en materia electoral.
En el caso del Cesar, además del accionar de grupos violentos, somos un departamento fronterizo con Venezuela y esto tiene una importancia trascendental para la geopolítica del conflicto interno que vivimos y las relaciones con el vecino país. Pero, está el tema de las regalías del carbón que son botín atrayente para los políticos corruptos y también para esos grupos armados ilegales.
Adicionalmente, está el problema del gran capital que se afirma se está moviendo en la política regional. Se afirma que el apoyo de un concejal o un candidato a la alcaldía o a la asamblea se está “negociando” por varios cientos de millones de pesos, lo que indicaría que las campañas, principalmente a la Gobernación y a la Alcaldía, costarían miles de millones de pesos. +Esto a cambio de qué?. ¿Qué sentido tiene gastar miles de millones de pesos en llegar a un cargo de elección popular cuya remuneración es más bien modesta?. Esta situación debe ser investigada de oficio por organismos como la Procuraduría General de la Nación y la misma Fiscalía General. Unas campañas tan costosas sólo se explican por la intención de eternizar la corrupción administrativa, que tanto daños nos ha hecho.
Ante todos estos temas, el diario EL PILÓN, el PNUD, otros medios de comunicación local  y varias organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Misión de Observación Electoral y la Pastoral Social, entre otras instituciones, esteremos trabajando de manera coordinada para que este proceso electoral sea lo más transparente y limpio posible, y se respete la libre voluntad popular hoy en riesgo por los factores antes anotados.
No obstante, el principal esfuerzo en este sentido debe venir de la propia ciudadanía, que debe denunciar, con la debida prudencia y reserva, todas estas anomalías y eventuales irregularidades contra el sufragio y la voluntad popular. Para esto se requiere civismo y valentía, pero lo que está en juego bien vale la pena.