A raíz de la caída en el Congreso de la República la semana pasada de la reforma con alto rango constitucional de las reglas de la política, surgen desde una perspectiva territorial, desde la provincia colombiana, algunas inquietudes.
En el plano nacional se proponían, entre otros, que forzosamente los partidos presentaran en elecciones listas cerradas, tipo cremallera, es decir, conformadas por mujeres y hombres, la financiación estatal de las campañas y la posibilidad de los ministros a participar del gabinete del Presidente de la República. Hemos acompañado como paso importante la financiación de las costosas campañas, a sabiendas de que por la puerta de atrás podrían seguir llegando recursos millonarios a las convertidas en verdaderas empresas electorales. Por lo menos, tendrían aquellos limitados económicamente la posibilidad de participar dentro de unos rangos de financiación más justos.
La atomización de las listas abiertas, en las que se vota por la persona candidata, generó fuertes desencuentros en el trámite, con el argumento de que se impondría el bolígrafo de los directorios y los jefes únicos de los partidos. Que nuevas fuerzas se excluirían del juego y la participación política. Con el fin de ‘lubricar’ las necesarias mayorías se propuso que las listas cerradas, en la primera ocasión, se integraran por los actuales congresistas en el orden de la votación dentro de los partidos.
