Cuando al norte se veía una luz de esperanza generada por el Gobierno Nacional, para resolver los graves problemas de pobreza y miseria que afronta el departamento de La Guajira, de repente aparece una decisión constitucional que, desde el ámbito legal, parece tender una sombra de desesperanza para un pueblo que clama a gritos ayuda humanitaria.
Esto en razón a que queda sin efecto la medida adoptada por el presidente Gustavo Petro, cuyo gobierno había decretado la emergencia económica, social y ecológica de La Guajira, considerado como uno de los departamentos más pobres de Colombia.
El decreto presidencial fue tumbado por seis de los nueve magistrados que conforman la Corte Constitucional, tras considerar que la declaratoria es contraria a la Constitución en el entendido de que la jurisprudencia constitucional “estipula que esas declaratorias no se pueden realizar para solucionar problemas estructurales —aquellos que no responden a coyunturas y se gestaron en el largo plazo— sino emergencias, y que únicamente proceden cuando las medidas ordinarias resultan insuficientes”, sostuvieron en su argumentación.
