Con la demanda que acaba de hacer un estudiante de Derecho de la Universidad Popular del Cesar contra la ordenanza que generó tanta polémica por las reformas que hizo al Fondo Educativo del Cesar, Fedescesar, por medio del cual le otorgan becas a los estudiantes de universidades públicas en el Cesar que mantengan el promedio exigido, se abre un nuevo capítulo de esta trama que ya parecía superada.
Por el bien de los estudiantes, de las universidades y del mismo gobierno departamental, se espera que esto no se revierta negativamente a los intereses de todos los actores implicados en esta ‘pelea’ jurídica, que finalmente es más de forma que de fondo. Finalmente lo que interesa es que haya un punto de acuerdo que permita cumplir el fin noble de este Fondo, como es apoyar a los jóvenes de estratos socioeconómicos bajos para que puedan acceder a la educación superior, como un mecanismo de cerrar la brecha de la pobreza y de las oportunidades.
La manzana de la discordia es que ahora las becas que recibían desde el 2008 sin ninguna contraprestación, se convirtieron en créditos condonables, con unas exigencias –retos en realidad- para los estudiantes, que deben hacer un mayor esfuerzo para mejorar sus puntajes y de paso la calidad.
