Entre los múltiples problemas que tiene el país, uno que sirve para ratificar la falta de capacidad de administración del Estado es la crisis carcelaria. En efecto, la congestión, el hacinamiento, la falta de una alimentación higiénica y digna y de adecuados servicios de salud, entre otros, parecieran demostrar una situación de indolencia estatal y social frente a los reclusos, en general.
Las imágenes de los noticieros de televisión y las fotografías de periódicos y revistas, muestran una situación social explosiva y una verdadera crisis humanitaria en la gran mayoría de las cárceles del país. El problema no es nuevo, pero ahora se ha vuelto crónico a raíz del aumento de la población carcelaria y del mayor rezago en el número de cupos disponibles.
Son cientos de reclusos que tienen que dormir en pequeñas celdas, en pasillos y hasta en los baños, y compartir pequeñas unidades sanitarias, que se suman a la mala calidad de la comida y la falta de un adecuado y oportuno abastecimiento de agua y también las dificultades del acceso a los servicios de salud, muestran un panorama desolador que debería llamar la atención de todos los colombianos.
Pero el problema va más allá de ser un asunto de aritmética y de construir más cárceles y disponer de más cupos. El asunto tiene que ver con la ausencia de una política criminal, con la falta de capacidad del Estado para investigar, procesar y juzgar a los responsables de los diversos delitos, en una sociedad tan compleja y fragmentada como la nuestra.
En las cárceles están mezclados sindicados con condenados; personas inocentes con delincuentes de altísima peligrosidad, ex guerrilleros con paracos y delincuentes callejeros con los de cuello blanco, en un desorden que confirma la ausencia de una política adecuada e integral, en tal sentido.
En ese orden de ideas, el sistema carcelario y penitenciario es el último eslabón de los graves y complejos problemas que tiene la administración de justicia en Colombia. No hay derecho a que los reclusos tengan que vivir en condiciones infrahumanas, y padeciendo un irrespeto a su dignidad como personas y – en algunos casos- una violación a sus derechos humanos.
Capítulo aparte es el tema de la falta de autoridad, en todo sentido. Las cárceles de nuestro país son otro mundo, son pequeños guetos por fuera del control del Estado, donde impera la ley del dinero, del más fuerte y del que tenga la capacidad de imponer el terror. Allí todo tiene un precio, la vida, claro está, la comida, la dormida, las armas, los celulares, y los beneficios los tienen algunos que tienen una de dos cosas: dinero o poder real y de facto. Así de dolorosa es la realidad.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación deben apersonarse de esta situación y actuar cada una en lo de su competencia, para evitar que la misma se mantenga y el Estado adopte las medidas pertinentes para superar la emergencia y gradualmente tener más cupos y mejores cárceles, para corregir ese dantesco panorama.
No obstante lo anterior, la solución no puede ser, tampoco, una excarcelación masiva, como lo ha propuesto la nueva Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa. Si está bien el llamado a los jueces a darle la libertad a quien la merezca, por pena cumplida o por razones estrictamente jurídicas y que no represente un peligro para la sociedad. Pero una excarcelación masiva por la falta del Estado para investigar, castigar y hacer cumplir la ley sería una pésima señal al resto de la ciudadanía.
El tema debe ser asumido con la mayor seriedad, con una visión integral, humanista, claro está, pero también con una política penal y criminal clara, encaminada en primer lugar a garantizar el sagrado derecho a la libertad, pero – principalmente- a evitar la impunidad y – finalmente- a darles a quienes deban estar presos, unas condiciones de reclusión decentes y dignas.
