La decisión del Gobierno Nacional de trasladar a Valledupar a personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad, en el marco de la reubicación de 117 internos de alto perfil en diferentes cárceles del país, es un tema de mucho cuidado.
En torno a esas decisiones del alto gobierno debe darse una respuesta institucional que ponga en primer lugar la seguridad de los vallenatos. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, ADLE, ha justificado los traslados como una medida para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios. Ese propósito en principio es legítimo y necesario. El Estado tiene la obligación de ejercer autoridad dentro de las cárceles y de impedir que quienes están privados de la libertad sigan manejando estructuras delincuenciales desde ellas.
Pero una cosa es recuperar el control de las cárceles y otra muy distinta es trasladar el problema de un territorio a otro sin establecer previamente las garantías de seguridad necesarias.
En ese sentido surge la preocupación en Valledupar con la llegada de presos de alto perfil, algunos de ellos señalados de tener vínculos con estructuras criminales de gran capacidad, eso es un riesgo grande para la tranquilidad ciudadana en esta capital. Sería irresponsable desconocer que determinados cabecillas pueden conservar influencia, contactos, recursos y capacidad de comunicación con sus organizaciones aun estando presos.
