Las limitaciones con las que funcionan los inspectores rurales del municipio de Valledupar son una demostración de la ausencia y poca eficiencia del Estado en las zonas corregimentales, situación que termina convirtiéndose en problemas de toda una comunidad.
Lo que está ocurriendo con los inspectores de policía, hoy denominados legalmente inspectores de convivencia y paz, no corresponde a un simple cambio de nombre, ni a una nivelación salarial o a un asunto exclusivamente laboral, el tema central que debe analizase a fondo es lo relacionado con la falta de herramientas con que cuenta el Estado en los corregimientos para responder oportunamente a las necesidades de sus habitantes.
La Ley 2492 de 2025 no se limitó a cambiar la denominación de los inspectores. Su propósito es fortalecer técnica, administrativa y formativamente las Inspecciones de Convivencia y Paz para contribuir a garantizar la justicia de los ciudadanos y la convivencia. La norma también modificó las atribuciones de estos funcionarios y estableció que las entidades territoriales tenían seis meses para implementar sus disposiciones.
