El año que está a punto de terminar estuvo lleno de altibajos en el tema de la restitución de tierras en el departamento del Cesar, el tercero en el país con mayores reclamaciones en más de 195 mil hectáreas por parte de campesinos que fueron despojados u obligados a vender sus fincas bajo amenazas de los grupos paramilitares y guerrilleros con presencia en la región.
Fueron más los sinsabores de los reclamantes, que esperanzados en volver a sus tierras, esperaron todo el año y aún siguen a la espera de que los tiempos del proceso de restitución sean más ágiles y efectivos, debido a que en esta vigencia que culmina la Unidad de Tierras en el Cesar solo logró cristalizar seis restituciones, de las más de cuatro mil reclamaciones que existen. Un balance bastante débil y flaco en cifras, si se tiene en cuenta el alto porcentaje de familias que siguen lejos de su tierra.
Este es uno de los puntos de la cadena de altibajos. Otro y quizás uno de los más preocupantes es la situación de amenaza en que viven los líderes de tierras, que por el hecho de tomar la vocería en nombre de sus comunidades, reciben intimidaciones para que no sigan reclamando la tierra de la que debieron salir por presiones de los armados ilegales. Pero aún más preocupante la debilidad institucional del Estado para garantizarles la seguridad a estas personas, especialmente en los municipios de Valledupar, Codazzi, El Copey, La Jagua de Ibirico y otras poblaciones del sur del Cesar.
