El asesinato del periodista antioqueño Luis Carlos Cervantes, ocurrido en el municipio de Tarazá el pasado lunes, puso al descubierto la fragilidad y las debilidades de la Unidad Nacional de Protección –UNP- que debe ofrecer, mantener y atender las amenazas contra cualquier ciudadano, incluidos los periodistas. Cervantes venía con amenazas desde el año 2010 y su esquema de seguridad fue desmontado justo 15 días antes de su muerte.
Este tema abrió el debate a nivel nacional porque en Colombia muchas víctimas, campesinos, reclamantes de tierras, líderes y defensores de derechos humanos, y por supuesto los periodistas, son beneficiarios de los esquemas de seguridad y también víctimas del desmonte de los mismos cuando todavía existe riesgo. En el Cesar abogados y defensores de víctimas, así como periodistas, han visto cómo de un día para otro le quitan los vehículos y les disminuyen los escoltas asignados, quedando expuestos al peligro.
